«En los ayuntamientos hay una enorme falta de cumplimiento de la ley urbanística»

Nació en Sevilla en 1965. Lleva en la Fiscalía de Cádiz desde 1991. En los últimos doce años ha realizado trabajos vinculados al Medio Ambiente, de cuya área es fiscal. Es miembro de la Red de Andalucía y desde hace dos semanas es coordinador de este grupo desde su despacho de Cádiz.

-La Red cumple ahora cinco años. ¿Qué balance puede hacer? ¿Está cumpliendo sus objetivos que se marcaron?

-El balance es muy positivo. Hemos conseguido en principio alcanzar la unidad de actuación en una materia muy nueva desde el punto de vista jurídico que requería interpretaciones de los textos legales. Y esa interpretación que nosotros hemos hecho desde la unidad de actuación en la mayor parte de los casos la hemos logrado trasladar a las resoluciones judiciales, que han ido acogiendo nuestros planteamientos. Hemos conseguido una potenciación de al concienciación social en relación con las materias medioambientales, fundamentalmente urbanística, que es el gran problema hoy en día en Andalucía. Y en ese sentido el balance es muy positivo.

-En las diferentes Memorias anuales de las fiscalías de Medio Ambiente se han quejado de falta de medios materiales y humanos. ¿Se va a corregir ese déficit alguna vez?

-Se va mejorando, pero seguimos teniendo una importante carencia de medios, desde el punto de vista de personal, no sólo en el Ministerio Fiscal, sino también entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se está avanzando. Se han creado en la Guardia Civil los equipos de delincuencia urbanística; en las unidades de Policía Autonómica hay ya áreas de ordenación del territorio, pero siguen estando desbordados por el caudal de trabajo frente a los medios personales con los que se cuenta. Sigue siendo también una asignatura pendiente el que la Fiscalía cuente con instancias periciales imparciales. En muchas ocasiones tenemos enormes dificultades para obtener periciales imparciales en materias urbanísticas o en materias ecotoxicológicas. Es una reclamación que venimos haciendo, también en la Memoria de este año.

--¿Esa falta de periciales son más evidentes en cuestiones de ruidos, cuando se trata de mediciones con las que respaldar una denuncia?

-Efectivamente. Pero ya hemos conseguido en 2007 que se produzcan sentencias importantes, condenatorias, en materia de ruidos. Alguna ya incluso ha sido confirmada por el Tribunal Supremo y que además implica penas de prisión de hasta cuatro años en un caso de la provincia de Jaén. Hay una normativa enormemente compleja que regula la toma de muestras en materia de ruidos y no siempre es fácil acudir a las instancias, por ejemplo, de la Junta de Andalucía para hacer esas periciales porque los medios son limitados y el territorio andaluz es muy amplio. En ese sentido también reclamamos contar con medios más ágiles para poder realizar nuestra propia investigación antes de los procedimientos judiciales, y así discriminar qué asuntos remitimos a los tribunales y qué otros archivamos sin necesidad de tramitar procedimientos judiciales.

-¿Cuál es el grado de colaboración de las Fiscalías con las diferentes administraciones?

-En líneas generales es muy buena. Con la Junta de Andalucía la relación es magnífica. Tanto con la Consejería de Cultura como con la de Medio Ambiente y Obras Públicas. No lo es tanto con los ayuntamientos. Nosotros venimos denunciando año tras año que por parte de los ayuntamientos no se cumple con las funciones de disciplina urbanística que les atribuye el ordenamiento. Y ése es el principal problema. La primera barrera frente al desorden urbanístico es la del Ayuntamiento. Si los consistorios ejercieran adecuadamente los procedimientos sancionadores, sobre todo los del restablecimiento de la legalidad y adoptaran de manera extemporánea las medidas cautelares paralizando las construcciones que se inician, no existiría el problema de la demolición, porque no sería necesario demoler en la medida de que no se habría construido. Entonces, por parte de los ayuntamientos detectamos una enorme falta de cumplimiento de las funciones que les atribuye la ley urbanística.

-¿Son realmente necesarios los fiscales especializados?

-En general, en el mundo del Derecho actualmente se tiende a la especialización. La figura del jurista que abarcaba todos los órdenes jurisdiccionales es una reliquia histórica. Es necesario la especialización porque no sólo tenemos que aplicar el Código Penal, sino la normativa administrativa que es muy variada y compleja, y que requiere de un estudio muy detallado. En ese sentido la Fiscalía General del Estado ha apostado por la especialización de los fiscales, no sólo en materia medioambiental. Pero, en nuestro campo es necesario por la relación que tienen las materias con el Derecho Administrativo y por la complejidad de la regulación.

-¿En urbanismo se practica mucho la política de hechos consumados? ¿Quienes cometen irregularidades confían en que tarde o temprano se legalizará la situación?

-Efectivamente. Es obvio que cuando nos encontramos con una situación como en el caso de Chiclana, de 30.000 viviendas ilegales, no se pude meter una excavadora y derribarlas. Lo que sucede es que hasta ahora los procesos de regularización no han venido acompañados de algo que a nosotros se nos antoja imprescindible, el rigor a partir de ese momento en el ejercicio de la disciplina urbanística. Hasta ahora lo que hemos visto es que se han regularizado viviendas y eso ha dado lugar a que continúe la construcción ilegal, precisamente al amparo de esa expectativa de que pueda haber una posterior regularización. La regularización, si no viene acompañada de un «hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora ejerceremos con rigor la disciplina urbanística», no es solución.

-Los fiscales critican la pasividad de los ayuntamientos a la hora de combatir el urbanismo ilegal. Sin embargo, algunos consistorios lo utilizan para saltarse el Código Penal ¿Qué opina al respecto?

-Año tras año venimos denunciando esa pasividad. Las causas son múltiples. En algunos casos habrá falta de medios, en otros la falta de voluntad por asumir los costes, probablemente electorales, que pueden tener la adopción de medidas impopulares, como los derribos, y en otras ocasiones, los titulares están en los periódicos, son casos de flagrante corrupción. No creo tanto que se trate de sustraer competencias a los ayuntamientos, porque en definitiva son los más adecuados para llevar a cabo estas funciones, pero sí hay que establecer consecuencias sancionadoras, de naturaleza penal, para aquellos que de manera dolosa no cumplan las funciones que tienen encomendadas.