La consulta vasca
Hoy saldrá adelante con toda probabilidad el proyecto de ley de consulta impulsado por el lehendakari Ibarretxe, gracias al voto afirmativo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) cuyos portavoces realizaron ayer un previsible alarde de cinismo al asegurar su «apoyo muy crítico» a la iniciativa (la respaldan con la convicción de que el PNV condescenderá finamente con la prohibición gubernamental).
Actualizado: GuardarLa propuesta del lehendakari, que pretende someter a la ciudadanía de Euskadi un descabellado Plan Ibarretxe II muy semejante al primero que ya recibió el rechazo del Parlamento español, se escapa completamente a todas las previsiones del ordenamiento político español, por lo que se la podría calificar de lunática. Pero aunque éste el aspecto jurídicamente más relevante, el hecho de que el jefe del Gobierno vasco plantee semejante referéndum es un hecho político de extraordinaria gravedad.
En primer lugar, porque el futuro del País Vasco, una comunidad dividida por mitades prácticamente iguales entre nacionalistas y no nacionalistas, no puede establecerse en términos de lograr la prevalencia de un hemisferio sobre otro. En los términos democráticos del Tribunal Supremo de Canadá, en funciones de tribunal constitucional, aquellas reformas que afectan estructuralmente a toda la colectividad -le independencia de Québec en este caso, urgida por el sector francófono y negada por el anglófilo- no pueden ser impuestas por la mayoría simple de la mitad más uno sino por mayorías muy cualificadas que aseguren que no habrá fractura social.
En segundo lugar, porque es evidente que en el hipotético caso de que se convocara el referéndum, no se darían las condiciones indispensables de igualdad de oportunidades para todos que aseguraran su ecuanimidad. Quien se atreviese a hacer proselitismo del statu quo actual estaría materialmente en el punto de mira de los terroristas, por lo que cabe imaginar que un sector de la población estaría sometida al miedo insuperable que provoca el riesgo de la propia vida. Así lo debió entender el propio lehendakari tiempo atrás cuando repitió enfáticamente que tales experimentos plebiscitarios sólo podrían tener lugar «en ausencia de violencia», es decir, con ETA desmantelada, ya que las llamadas «treguas» sólo supondrían un aplazamiento de las amenazas.
Con demagogia infantil, Ibarretxe se cuestiona con frecuencia en público cómo puede ser posible que alguien se oponga a que se la pregunte a la sociedad vasca lo que opina sobre una determinada cuestión, y afirma con rotundidad que la consulta en todo caso no sería vinculante. Sobre esto último, hay que decir que en el ordenamiento español ninguno de los referendos de esta naturaleza lo es: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos», dice textualmente el art. 92.1 de la Constitución española. Y el apartado segundo establece con precisión quién tiene competencia para convocarlo: «El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados».
En el fondo, la trampa que plantea Ibarretxe es también pueril: el hecho de que se condescendiese con un pronunciamiento referendario de la sociedad vasca constituiría el reconocimiento de una soberanía vasca, capaz por definición de autodeterminarse. Y ello es una falacia que los españoles descartamos al consagrar la Constitución, que a su legitimidad incuestionable de origen acumula ya treinta años de legitimidad de ejercicio: no existe otra soberanía que la española en su conjunto.
Pero con independencia de estas evidencias jurídico constitucionales, es manifiesto que Ibarretxe, autista, vive al margen de su propia circunstancia. Las últimas elecciones generales han supuesto un severo traspiés para los partios nacionalistas del País Vasco, en beneficio del PSOE -no nacionalista, obviamente-, que ha ganado en el conjunto de Euskadi, en las tres provincias, en las tres capitales y en la mayoría de grandes ciudades. La sociedad vasca se ha pronunciado pues claramente por la transversalidad, y no por las aventuras peligrosas de diseño en que se empecina el lehendakari y que, como es natural, jamás llegarán a buen puerto. El Estado no puede tolerar que un iluminado introduzca una cuña en la convivencia española con el apoyo tácito de una organización terrorista que quiere imponer su ensangrentado dogma sobre cualquier forma de concordia y racionalidad.