El Gobierno italiano aprueba la ley que da la inmunidad a Berlusconi

El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado el proyecto de ley que concederá inmunidad a cuatro altos cargos del Estado, entre ellos el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, frente a la posibilidad de ser juzgado por los procesos que tiene pendientes con la Justicia italiana, a la que Berlusconi acusa de perseguirle desde que inició su carrera política, hace catorce años.

Si finalmente el texto fuese aprobado por el Parlamento, donde el dirigente conservador goza de una sólida mayoría, garantizaría la inmunidad del presidente de la República, el primer ministro y los dos presidentes del Parlamento y excluiría al responsable del Tribunal Constitucional. De esta manera, no podrán ser juzgados o investigados durante la duración de su mandato en casos que se ocupen de delitos que no sean relativos a su cargo institucional, aunque este tiempo no contará para la prescripción.

La última vez que Berlusconi intentó aprobar una ley de inmunidad similar fue en 2004, aprobada por su Gobierno en su anterior legislatura, pero fue rechazada por el Tribunal Constitucional por considerarla contraria a la Constitución. El ministro de Defensa, Ignazio La Russa, ha señalado a la salida de la reunión gubernamental que la nueva versión de la ley "tiene en cuenta" esas objeciones.

Blindado ante el caso de corrupción pendiente

El primer ministro, que libra una lucha contra los fiscales del Estado "parciales", a quienes esta semana consideró como un "tumor cancerígeno", quiere evitar posibles sentencias judiciales en su contra, particularmente en el marco de un caso de corrupción que se inició en Milán contra 'Il Cavaliere' y su abogado británico David Mills. El proyecto de ley conocido como 'salva al primer ministro' suspendería durante un año en los tribunales italianos todos los casos que no sean urgentes -incluido el de Mills-.

Además, los abogados de Berlusconi están intentando que se retire al juez encargado de su caso, en el que el primer ministro está acusado de pagar al abogado 600.000 dólares (más de 380.000 euros) en 1997 procedentes de los "fondos secretos del grupo privado Mediaset, su imperio mediático, para que no revelase ciertos detalles incriminatorios sobre sus negocios.

El primer ministro también se enfrenta a un juicio en un tribunal de Nápoles por presunta complicidad entre Mediaset y la televisión estatal, RAI. En total, Berlusconi ha asegurado haber gastado 174 millones de euros en pagar los honorarios de sus abogados desde 1994, cuando entró en el mundo de la política, en procesos judiciales relacionados con su imperio empresarial.

Hasta ahora ha evitado ser condenado por la Justicia, por ser hallado no culpable o por haber prescrito los delitos que se le imputaban. Sin embargo el ministro de Justicia, Angelino Alfano, ha considerado que si Berlusconi "quisiese actuar en su propio interés, se defendería acudiendo a todas las vistas (judiciales) que hay contra él". "Pero esto supondría una gran distracción respecto a su labor en el Gobierno", ha añadido.