La propiedad del Grupo Jale pide el levantamiento del embargo de bienes

El propietario de Grupo Jale, José Antonio López Esteras, ha remitido un escrito al juez del Juzgado de Instrucción de Jerez en el que pide que se levante el embargo de bienes decretado a raíz de la presentación de querellas criminales por parte de varios clientes contra Inmobiliaria Amuerga -perteneciente al mencionado Grupo Jale y declarada en suspensión de pagos- por presuntos delitos de estafa, malversación de fondos, apropiación indebida, insolvencia punible y daños por imprudencia grave.

Según han señalado fuentes judiciales, la petición de levantamiento, a la que aún no ha respondido el juez, viene argumentada por el hecho de que «no hay indicios de delito», a juicio del propio López Esteras.

Cabe recordar que el juez decretó el embargo de bienes del Grupo Jale y su sociedad Inmobiliaria Amuerga, a raíz del procedimiento penal abierto, como medida cautelar decidida por la autoridad judicial, por un valor de 500.000 euros, «aunque esos inmuebles valen mucho más».

Así, estos inmuebles, que tienen valor de unos 30 millones de euros, en concreto son seis propiedades, ubicadas en Cádiz -donde poseen una casa palacio valorada en siete millones de euros--, Jerez, El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera y Estepona (Málaga).

Las mismas fuentes judiciales explicaron que el juez decretó el embargo «nada más presentar la querella criminal contra López Esteras, en marzo de este año». Apuntaron asimismo que, por el momento, no se ha pronunciado a esa petición de López Esteras y ha dado traslado de su escrito al fiscal y a los querellantes. Estos últimos a su vez enviaron otro escrito al juzgado donde apuntan que «no es que haya indicios de delito, sino un delito reconocido por ellos mismos en sus declaraciones judiciales, donde reconocieron que no se hicieron los avales bancarios ni se van a hacer, cuando en los contratos contemplaba dicha figura».

Auditoría

Además, estos denunciantes pidieron una auditoría «para saber dónde está el dinero de las obras de dos promociones inmobiliarias que ni siquiera se han empezado, en concreto la de San Mateo en Jerez y otra en Arcos, unas actuaciones inmobiliarias por las que cogieron muchos millones y de la que sospechamos que han sido desviados a otras promociones».

El propietario de Grupo Jale, José Antonio López Esteras, y varios de sus hijos tuvieron que declarar como imputados por varios delitos a raíz de la presentación de querellas criminales por parte de varios clientes, que reclaman al empresario más de un millón de euros, contando daños y perjuicios.

La familia ya declaró públicamente en su momento, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, que veía improcedente el dictamen judicial reseñado. Explicaba también en el mismo que son cuatro las promociones involucradas en estas actuaciones judiciales, «una de las cuales ya se está escriturando y otra que se encuentra a un mes de finalización de las obras».

Y por lo que respecta a las dos restantes, entre las que se nombra a Residencial San Mateo, la familia señalaba igualmente que empezaron las ejecuciones hace meses, por lo que «es completamente improcedente que se hayan vertido infundadas acusaciones».