Giro con límites

a propuesta realizada por el ministro Corbacho para alcanzar un acuerdo en materia de inmigración entre el Gobierno y el principal partido de la oposición forma parte de un capítulo general que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero parece decidido a iniciar: los pactos de Estado. Es indudable que en cuanto a inmigración el acuerdo se hace posible porque el Gobierno ha variado sustancialmente su discurso respecto al que los socialistas emplearon en vísperas electorales. El propio ministro ofreció ayer una razón para el cambio, al asegurar que no se puede tener hoy la misma visión de la inmigración que hace un año. No es la primera vez que Celestino Corbacho condiciona la política migratoria a las necesidades de mano de obra que generan los distintos ciclos económicos. Pero tal lógica corre el riesgo de transmitir a una sociedad de por sí sensibilizada por un fenómeno nuevo y de inciertas consecuencias una visión meramente utilitaria de los flujos migratorios que reduciría a personas que han optado o pudieran optar por un proyecto de vida en la España europea a su condición de factores productivos o de demandantes de servicios sociales. Algo infinitamente más cuestionable que, por ejemplo, la obligatoria firma de un contrato de adhesión a los valores propios de la sociedad de acogida. Es indudable que la política de inmigración ha de modularse atendiendo a la coyuntura económica. Por ejemplo, tratando de obtener la máxima eficacia en el control de los irregulares cuando se supone que la crisis podría incrementar el recurso a la economía sumergida. Pero una revisión más a fondo de la política de inmigración podría llegar a ser no sólo injusta respecto a la aportación realizada por los inmigrantes para el crecimiento y el bienestar de todos los habitantes de España. Podría llegar a ser también miope respecto a las propias necesidades de la economía en el medio plazo.