Ley de lenguas

l manifiesto suscrito por 18 intelectuales, preocupados porque el castellano quede relegado como lengua vehicular en la enseñanza y en la relación de los ciudadanos con la administración en aquellas autonomías que cuentan con dos lenguas cooficiales, aporta una idea sugerente: la promulgación de «una normativa legal del rango adecuado» que establezca las bases comunes para una política lingüística respetuosa con los derechos ciudadanos. De manera que las citadas comunidades autónomas no puedan establecer una legislación particular concediendo a las llamadas «lenguas propias» la exclusividad en ámbitos tan sensibles como la enseñanza. Si la articulación de la referida norma parece conveniente, tan importante podría resultar el clarificador debate político y jurídico que desembocase en su aprobación.