Confianza insuficiente
El presidente del Gobierno utilizó ayer la presentación de su segundo informe anual sobre la situación económica española para desgranar una veintena de iniciativas con las que hacer frente a las consecuencias del frenazo en el crecimiento y, sobre todo, insuflar confianza al conjunto de los agentes sociales. Rodríguez Zapatero rehusó de nuevo mencionar el término crisis, aunque su diagnóstico se apegó más a la percepción que tienen de las dificultades quienes sienten ya sus perjudiciales efectos. Sin embargo, el valor potencial que supondría para la credibilidad del Gobierno la admisión de la gravedad de los problemas sobrevenidos y la apuesta por un discurso más comprensivo ante lo que esos problemas implican para la ciudadanía quedó atenuada por la convicción del presidente de que la economía española se encuentra en «mejores condiciones» para reaccionar y de que recobrará su vigor a partir del segundo semestre de 2009. El presidente cimentó la primera afirmación en el bagaje logrado en más de una década de pujanza ininterrumpida y en el superávit público acumulado, pero ambas ventajas no garantizan la resistencia frente a una crisis en la que se aúnan la vulnerabilidad de un modelo basado en la construcción y factores de impacto global como la carestía del crudo o la inestabilidad financiera. Y es precisamente la incierta evolución de estos últimos elementos, sobre los que el Gobierno carece de margen de intervención, la que impide establecer con certeza cuándo se apaciguarán las complicaciones económicas.
Actualizado: GuardarParte de las iniciativas desgranadas ayer por Rodríguez Zapatero ya se han puesto en marcha, algunas con resultados presumiblemente parcos para los objetivos que se perseguían, como la deducción de los 400 euros; otras cuyos resultados sólo podrán calibrarse a medio plazo, como la reducción de las trabas burocráticas y la promoción incentivos para la actividad empresarial; y algunas más dirigidas específicamente a la construcción que deberán modularse con rigor para no reanimar de forma ficticia el sector. Junto a ello, la confirmación de que se congelarán los sueldos de los altos cargos resulta congruente con una política orientada forzosamente hacia la austeridad, como puede serlo con la necesidad de flexibilizar el mercado laboral que se reduzca al 30% la oferta pública de empleo para 2009. Pero la expectativa de que estas medidas, unidas a anunciado impulso a la Formación Profesional y la liberación de sectores como el aeroportuario o el transporte por ferrocarril, puedan bastar para encarar esta etapa adversa se ven cuestionadas por el frágil contexto internacional pero especialmente por los déficits que arrastra nuestra economía en cuanto a productividad, desarrollo tecnológico o control de la inflación. Déficits cuya corrección precisará de reformas estructurales y del entendimiento con empresarios y sindicatos.
