Los ayuntamientos pequeños aportan suelo para 2.000 VPO en cuatro años

El pacto por la vivienda de protección (VPO) sigue su curso. Cinco meses después de haberse iniciado los contactos entre la Consejería de Vivienda y la Diputación de Cádiz, el proceso aún tiene flecos sueltos. La Diputación sólo ha conseguido, por ahora, el 60% del suelo que buscaba entre los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia para construir 7.500 casas de protección. En total 29 ayuntamientos habían suscrito el convenio. Un total de 24 de ellos aportan ahora parte del suelo, mientras que cinco tendrán que esperar a modificar sus planes urbanos.

Los diputados provinciales que han llevado el peso de las negociaciones han sido Federico Pérez Peralta, responsable del Área de Asistencia Municipal, y José Antonio Barroso, titular de Vivienda. Ambos han mantenido conversaciones con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, con el delegado de Vivienda, Gabriel Almagro, y con los responsables de los ayuntamientos implicados. El presidente de Diputación, Francisco González Cabaña, reconoció ayer durante la presentación del primer balance de gestión que «aunque la respuesta de los consistorios ha sido, en líneas generales extraordinaria, aún quedan flecos pendientes» para poder levantar todas las viviendas. «En estas circunstancias hace falta adaptar algunos planeamientos a la ley andaluza del suelo y hacer modificaciones puntuales», asegura Cabaña.

La Diputación y los ayuntamientos han mantenido cuatro reuniones desde el 30 de abril, fecha en la que el consejero Juan Espadas firmó en Cádiz el Protocolo Provincial de la Vivienda y Suelo. El último de estos encuentros se celebró el pasado 16 de junio. En ese documento se ponía como fecha el 31 de mayo para la entrega de documentación sobre aportación de suelo. Este periódico adelantó a primeros de junio que ningún ayuntamiento había facilitado oficialmente los documentos que acreditaba su oferta de suelo disponible para VPO. Desde el área de Vivienda de Diputación se puso entonces de manifiesto que varios consistorios lo había hecho por carta y por teléfono.

Pisos en 29 municipios

El pacto de colaboración entre la Junta y la Diputación ha sido clave para propiciar el diálogo con los ayuntamientos.

Las cuatro rondas de negociaciones han dado como fruto que haya municipios, como Chipiona, que aporten más de 30.000 m2 para casas, o que haya otros, como es el caso de Puerto Serrano, que añaden más de 100.000 m2 para levantar las viviendas.

Sin embargo, la cara opuesta se encuentra en Castellar, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga y El Gastor, que están obligados a modificar su planeamiento urbanístico para localizar suelo destinado a VPO.

Con el suelo que han aportado los 24 ayuntamientos seleccionados, se levantarán cerca de 2.000 viviendas antes de 2012. Mientras, que las viviendas que faltan hasta las 7.500, es decir, 5.500, tendrán que esperar a nuevas aportaciones de suelo.

«Ahora se trata de saber cuántas viviendas protegidas necesita realmente cada municipio y si las casas que piden se pueden construir exactamente en las zonas que se reclaman», según reconoció Barroso, diputado del Área de Vivienda.

Precisamente, para conocer la demanda real de casas de cada municipio, la Diputación pondrá en marcha en los próximos meses un Censo-Registro Público de Necesidades de Vivienda Protegida y Suelo. Se realizará a partir de encuestas directas y el documento servirá como instrumento para conocer las necesidades de espacio y casas.

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