La Junta deja en manos del Ayuntamiento la solución a las 17 últimas infraviviendas

Veintitrés de los sesenta y dos propietarios de una finca calificada como infravivienda han accedido a pactar el arreglo del edificio o a vender el inmueble a la Junta de Andalucía. Desde hace unos meses, la Oficina de Rehabilitación ha venido elaborando un estudio, finca a finca, de los edificios que se encuentran en mal estado para tratar de empujar el proceso de restauración del casco antiguo. De este estudio, se desprendió que 62 edificios necesitaban un arreglo general que requería obras de gran calado y el desalojo de los vecinos que estuvieran allí viviendo.

En los últimos meses, los técnicos de la Oficina de Rehabilitación se han estado poniendo en contacto con los dueños de estas fincas para ofrecerles la posibilidad de comprárselas o bien de firmar un convenio de rehabilitación. En este convenio, la Oficina aporta de media el 60% del coste total de la obra de rehabilitación, que son los trabajos, más los honorarios, más las acometidas y estudios geotécnicos, etc. La subvención alcanza, como máximo, los 45.000 euros por vivienda resultante, lo que viene a ser de media ese 60% del coste. Además, se encarga de negociar y trasladar a los inquilinos a otras viviendas (gastos de realojo, de mudanza y de guardamuebles, en el caso de que fuera necesario).

El propietario debe aportar ese 40% restante y se compromete a realojar, al término de las obras, a los vecinos con contrato vigente y alquilar el resto de las viviendas a vecinos que cumplan las condiciones exigidas por el Ejecutivo autonómico (no superar en 2,5 veces el IPREM). Los contratos nuevos son por cinco años y superada la renovación, es decir, a los diez años, el propietario recupera esos pisos para ponerlos en el mercado libre.

En cuanto a la venta, la Junta ofrece hasta 36.000 euros por vivienda resultante, un precio inferior al del mercado.

Ésta ha sido la razón por la que muchos han preferido esperar a venderla en el mercado inmobiliario. Sin embargo, con la última crisis del sector, cada vez resulta más difícil venderla y sobre todo, a un buen precio. El mercado de la vivienda se ha ralentizado y además, se ha unido otra circunstancia: la presión que ejerce el Ayuntamiento a través de las inspecciones técnicas de vivienda (ITE) y las multas coercitivas impuestas por el deber de conservación de los edificios. Un proceso que puede terminar con la expropiación de la finca y el pago de una cantidad incluso menor de lo que ofrece la administración regional (el que fije la Comisión de Justiprecio).

Disponer de dinero

De esta forma, todos aquellos que pretendían mantener el patrimonio en su poder, han decidido entrar en estos convenios con la Oficina de Rehabilitación, ya que ofrecen la posibilidad de tener disponible ese edificio sin tener que invertir una cantidad tan grande de dinero como si lo hicieran por su cuenta.

Según las cifras facilitadas hace unos días por la Junta de Andalucía, de las 62 infraviviendas, 23 entrarán en el convenio o serán vendidas; otros nueve propietarios se encuentran en conversaciones para decidir si se acogen o no a estas subvenciones; cuatro más están ya en manos de Procasa; otros nueve ya están en manos de promotoras que acometerán las reformas, y por último, 17 propietarios han manifestado no estar interesados en ninguna de las fórmulas. Estos 17 casos, tal y como se comprometieron los responsables de este departamento ahora dependiente de la Consejería de Vivienda, se pondrán en conocimiento del Ayuntamiento. Los casos se remitirán junto al expediente de los técnicos de la Junta en el que se alega el mal estado del edificio para que, si el Consistorio lo considera oportuno, corrobore este informe o lo coteje con sus propios datos e inicie el proceso de requerimiento de obra de seguridad que podría terminar en expropiación.

El Ayuntamiento, no obstante, argumenta que las competencias en vivienda son exclusivas de la Junta y solicitan al Ejecutivo autonómico que impida -mediante la aprobación de una célula de habitabilidad- que algunos propietarios desaprensivos sigan alquilando estos 'partiditos' o viviendas en mal estado haciendo algunas reformas de seguridad (con puntales) que no modifican el estado real de la finca.

mcaballero@lavozdigital.es