A la caza de Diógenes

Suelen ser personas mayores y el proceso -antes de acumular toneladas de basura que recogen de la calle- comienza con el aislamiento. Los casos suelen ser similares: desaliño y falta de higiene, ruptura de las relaciones sociales, reclusión domiciliaria, rechazo de la ayuda del exterior y negación de la situación patológica en la que se encuentran.

Las personas que padecen el síndrome de Diógenes representan un grave problema de salubridad pero también de seguridad para el resto de sus vecinos, ante el riesgo de incendio. Por eso el Ayuntamiento de Cádiz ha elaborado un protocolo, a través de la sociedad municipal de Vivienda Procasa, para que los técnicos dispongan de unas directrices de actuación.

Lo primero es detectar los casos, que suelen llegar a través de la denuncia o las quejas de los vecinos, pero también de los propios familiares. Normalmente, se producen por la presencia de malos olores y plagas de insectos. Las denuncias deben presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, aunque si la vivienda es de Procasa, podrá llevarse hasta la sede de la sociedad.

Notificaciones

Una vez recibida, comenzará la inspección sanitaria de la vivienda (si se permite), se emitirá un informe para consignar el estado del lugar y se dará trámite de audiencia al interesado, con las notificaciones contempladas y en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Tras conceder al afectado un plazo para que se haga cargo del problema por voluntad propia, en caso de no tener éxito, se le notificará la ejecución forzosa subsidiaria y se le informará que, de no permitir la entrada para ello, se recabará la autorización judicial para acceder al domicilio. En el supuesto de que la persona sí accediese a dejar entrar en el domicilio, el Ayuntamiento se hará cargo de la limpieza y, en su caso, desinfección y desinsectación de las estancias, pero la factura se cargará a su ocupante.

El protocolo municipal destaca también la importancia de coordinar los servicios implicados en este tipo de casos: la asesoría jurídica, la Policía Local, el área de Servicios Sociales y el Servicio Técnico de Limpieza. Los jurídicos se encargarán de pedir la autorización judicial o solicitar el ingreso involuntario en una residencia o centro de acogida del enfermo. También podrían requerir, si procede, la incapacidad de esa persona. Los policías locales tendrán la obligación de informar a Sanidad cada vez que detecten uno de estos casos y realizar los informes. El papel de los Servicios Sociales se centrará en dar seguimiento a la familia y coordinarse con la administración autonómica.

Al mismo tiempo, la intención es aunar esfuerzos con el resto de las administraciones, de manera que se logre la sintonía con la Delegación Provincial de Salud y la de Igualdad y Bienestar Social.

mcaballero@lavozdigital.es