La historia interminable

Una provincia que en los últimos años ha visto como se han acordonado ayuntamientos para registrar sus dependencias, de las que se han sacado decenas de cajas con información, y se han inspeccionado despachos profesionales y viviendas privadas, donde, en algún caso, se han encontrado miles de euros metidos en sobres o bolsas de plástico.

'Ballena Blanca', 'Malaya', 'Troya', 'Hidalgo' y 'Astapa' son los nombres de las operaciones desarrolladas desde marzo de 2005 hasta esta misma semana en municipios de la zona costera occidental de la provincia como Marbella, Manilva y Estepona o localidades como Alhaurín el Grande y Tolox, situadas en lo que se ha dado en llamar la segunda línea de costa. Episodios que han supuesto la detención de 220 personas entre abogados, notarios, empresarios (pequeños y grandes, fundamentalmente vinculados a la construcción), agentes inmobiliarios, asesores fiscales, funcionarios públicos (entre ellos un secretario municipal y un jefe de la Policía Local), un secretario judicial, personal de confianza así como concejales y alcaldes. Algunos de ellos tuvieron que pasar por la cárcel y sólo salieron tras abonar una fianza. Asimismo, el juez Francisco Javier Urquía, el instructor del 'caso Hidalgo' sobre blanqueo de capitales en Marbella, terminó salpicado por otra trama, 'Malaya'.

Precisamente, por este caso permanece en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre Juan Antonio Roca, considerado el presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella. Asimismo, están en la cárcel el alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, los concejales del partido independiente PES de esa localidad José Ignacio Crespo y Manuel Reina, el jefe de Alcaldía, José Flores, y un ingeniero. El ex regidor de Marbella Julián Muñoz, implicado en 'Malaya', está en prisión aunque por otros delitos. El ex edil andalucista de Marbella Carlos Fernández, uno de los imputados en el 'caso Malaya', permanece huido. El resto de procesados espera juicio.

A estos grandes casos se suman otras denuncias formuladas contra los ex alcaldes de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, y de Gaucín, el andalucista Francisco Corbacho, por presuntos delitos urbanísticos.

¿Dónde radican las causas? Lo primero que dejan claro los expertos y los hechos es que la corrupción urbanística es un fenómeno que recorre toda el país, fundamentalmente en las zonas costeras. Según las últimas cifras, hasta unos 70 municipios en España han vivido escenas similares.

En el caso malagueño, todo apunta a la bonanza económica y al 'boom' del sector de la construcción en la franja litoral, lo que ha provocado, de un lado, la subida de los precios de los pisos y, de otro, que la población de estos municipios experimente importantes crecimientos en apenas seis años. El ejemplo más significativo es el pueblo de Manilva que ha pasado de 6.303 habitantes en 2001 a 12.249 en 2007, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Cemento y grúas han barrido los terrenos antaño dedicados a la agricultura, fundamentalmente los viñedos.

La corrupción urbanística engarza en Málaga con un fenómeno propio: el 'gilismo' y las prácticas que se pusieron en práctica en Marbella con la llegada de Jesús Gil y Gil a la Alcaldía a principios de los noventa. Un urbanismo catalogado a menudo como «salvaje» que ha creado un modelo que otros políticos, de todos los partidos, han copiado.

La mayoría de la ciudadanía ha vivido estos episodios entre la sorpresa y la indignación, aunque en el caso del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), los vecinos le manifestaron su apoyo, que refrendaron en las urnas en las elecciones municipales de 2007 otorgándole una victoria más holgada que cuatro años antes.