Imperial Tobacco advierte de que es pronto para hablar del futuro de la planta

La reestructuración de los centros de trabajo de Altadis anunciada el pasado miércoles por su nueva propietaria, la compañía inglesa Imperial Tobacco, puede convertirse en el nuevo culebrón laboral de los próximos meses. El plan que pretende poner en marcha la multinacional británica a lo largo de los próximos tres años implica la desaparición en España de 830 puestos de trabajo, de los que 236 pertenecen al centro de producción de la tabaquera hispanofrancesa en Cádiz.

El programa previsto por los ingleses contempla el cese de la actividad en dos de las tres líneas de producción de la planta gaditana. Y con un sólo proceso productivo en funcionamiento sólo necesitará a 65 empleados. A partir de ahí se abre la incógnita sobre qué va a pasar con el futuro de la fábrica y si es viable el funcionamiento de una factoría de estas dimensiones con una plantilla tan exigua.

La multinacional británica eludió ayer pronunciarse sobre qué planes tienen para los terrenos de los antiguos depósitos de Altadis o, por ejemplo, para la maquinaria de las dos líneas de producción que ya estarán clausuradas en diciembre de 2009; máxime si se piensa que la planta de Logroño será la que se encargue de desarrollar uno de estos procesos, aunque carece de las herramientas necesarias porque es el centro de Cádiz quien le hace ese trabajo. «Aún es demasiado pronto para saber qué pasará con la maquinaria y las instalaciones de las líneas que se cierren», señalaron fuentes de Imperial Tobacco.

Industria dinámica

A lo que añadieron que «la del tabaco es una industria dinámica y en constante evolución», por lo que deben «mantener cierta flexibilidad para adaptarse a posibles cambios» del mercado. Ante el nerviosismo creado por la posibilidad de un recorte de plantilla tan drástico, el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, advirtió ayer de que el anuncio de reorganización de las plantas de Imperial y Altadis es tan sólo el de una parte y que se limita a poner sobre la mesa cuáles son sus intenciones. «El final de este programa de reorganización será el resultado de una negociación o de una autorización administrativa», sentenció el responsable de las políticas laborales del Gobierno andaluz. Y recordó que el planteamiento de Imperial Tobacco «es un hecho inicial» que no es irreversible.

El jerezano puso así de manifiesto que las administraciones utilizarán las herramientas que tienen a su disposición para impedir la pérdida de puestos de trabajo. Aseguró que la posición inicial del Gobierno del que forma parte, tras estudiar los informes pertinentes, sería la de reflexionar sobre la no autorización -tras los trámites legales necesarios- del expediente de regulación de empleo (ERE) que pueda presentar la empresa para llevar a cabo sus planes. Los centros de trabajo afectados por esta reestructuración afectan a varias comunidades autónomas, por lo que la Administración competente para autorizar o no un ERE es la central, aunque la comunidad andaluza emitiría un informe al respecto.

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