Europa restrictiva
La aprobación sin cambios por parte del Parlamento Europeo de la nueva directiva para la repatriación de los inmigrantes ilegales diluye la resistencia manifestada por un sector nada desdeñable de la Cámara de Estrasburgo y orienta definitivamente la estrategia comunitaria en materia de Extranjería hacia posiciones más restrictivas. La fijación de un período máximo de internamiento de seis meses que deberá ser asumido por los nueve países miembros que carecían de límite legal, mientras se abre la puerta para que estados como España puedan ampliar los plazos de retención y se permite extender éstos hasta el año y medio en casos excepcionales, evidencia que se ha impulsado la imprescindible armonización de las legislaciones nacionales con un espíritu menos permisivo hacia la entrada de los ciudadanos sin papeles y la salvaguarda de sus derechos. Es cierto que el respeto efectivo a los mismos requiere también de un eficaz proceso de integración basado en la legalidad, lo que es más difícil de garantizar en un contexto de inquietud económica. Pero tanto la nueva directiva como las políticas de algunos estados miembros están transformando la Unión en un territorio más inhóspito para los mismos inmigrantes irregulares cuya presencia se toleró en las épocas de crecimiento pujante.
| Actualizado:Los responsables comunitarios están obligados a velar por que las excepcionalidades contempladas en su estrategia no terminen generalizándose cuando entren en vigor -especialmente en lo referido al tiempo de retención y al retorno forzoso de los menores no acompañados- y a que la mayor laxitud en el control judicial no se traduzca en excesos administrativos. El desmarque de los socialistas españoles de sus compañeros de grupo al apoyar la directiva, con lo que coincidieron con los eurodiputados del PP, certifica la disposición del Gobierno de Rodríguez Zapatero a revisar un tratamiento de la inmigración que venía siendo particularmente garantista en el contexto comunitario. En este sentido, el Ejecutivo debería renunciar a interpretar la ratificación del proyecto europeo únicamente como un avance en la unificación de la respuesta ante la problemática de los 'sin papeles', porque ese logro no disipa las dudas de conformidad con los derechos humanos que suscitan algunas de las medidas aprobadas y obliga más si cabe a mejorar las condiciones de los centros de internamiento.