Diálogo contra la crisis

a reunión que ayer dio inicio al diálogo social en la presente legislatura brindó tres detalles significativos: la imagen de Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CC OO posando juntos para testimoniar la voluntad compartida de estabilizar la situación económica y de atender a las necesidades sociales; la promesa por parte de Rodríguez Zapatero de que no emprenderá modificación alguna en el campo laboral que no esté previamente consensuada con empresarios y sindicatos y la asunción por parte del presidente de la tarea de propiciar el entendimiento. Hace cuatro años, los mismos actores que se dieron cita ayer en la Moncloa establecieron como objetivo «un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero basado en la mejora de la competitividad de las empresas y en el incremento de la productividad». Hoy dicho enunciado sigue siendo perfectamente válido, pero son las inesperadas convulsiones financieras, el severo retraimiento del sector de la construcción y los efectos de la inflación los que dificultan que el diálogo emprendido ayer vaya más allá de una manifestación de voluntades. La articulación de una política anticíclica por parte del Ejecutivo no puede perder de vista el riesgo que corre de apuntalar aquellos sectores de actividad hoy más afectados por la crisis y que, lejos de traccionar la economía, podrían actuar como lastre de su modernización. La reorientación que el gasto público requiere para favorecer la inversión productiva y avanzar en la economía del conocimiento difícilmente podrá hacerse realidad si el Gobierno no revisa sus compromisos electorales, empezando por el incremento del salario mínimo interprofesional. Es más que razonable que el Ejecutivo se plantee como meta inmediata mantener la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas. Pero los esfuerzos públicos deberían priorizar el incremento del gasto social relacionado con el objetivo de paliar los efectos del desempleo para garantizar que la economía española esté en todo momento en condiciones de remontar la coyuntura. Por otra parte, la necesaria correspondencia entre las aportaciones a la Seguridad Social y las prestaciones que ofrezca ésta como criterio que apuntale el futuro del sistema no sólo serviría para fomentar la actividad económica. Podría también contribuir a aliviar la carga que, en lo que se refiere a los servicios y coberturas sociales, las administraciones soportarán como efecto del envejecimiento.