El Tribunal de Cuentas se queja de que el Gobierno no le hace caso
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, reprochó ayer al Ejecutivo que con carácter general haga caso omiso de sus reproches -en concreto, lamentó la «escasa incidencia, salvo excepciones», de sus sugerencias- y no corrija las numerosas deficiencias detectadas casi año tras año en la presentación de la llamada cuenta general del Estado, y que en gran medida vienen arrastradas desde la etapa del PP.
| Actualizado: Lo hizo en la comisión mixta Congreso-Senado, durante el análisis parlamentario de las primeras cuentas completas de los gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, correspondientes a 2005, donde el máximo responsables del órgano fiscalizador sostuvo que dicho 'vicio' afecta de lleno a la consistencia interna del balance presentado, lo que unido a la «falta de homogeneidad» en los criterios aplicados en algunos casos, hace que la «representatividad» de los números aportados quede en duda e incluso se pueda hablar de un 'descuadre' de 2.200 millones de euros, que habrá de ser imputado a los Presupuestos de ejercicios posteriores.
Y es que al órgano fiscalizador no le salen las cuentas o, más bien, le aparecen de una forma que no debería ser. Así, por ejemplo, Núñez advirtió que por culpa de todos los 'defectos' detectados, el resultado anual de la citada cuenta general «debería disminuirse» en 449 millones de euros, de modo que su resultado positivo quedaría en 8.730 millones. En otros casos, y «con independencia» del ejercicio al que habrían de atribuirse en puridad, a finales de 2005 existían operaciones «pendientes de aplicar a presupuesto» que, en el apartado de gastos, ascenderían a 2.096 millones, mientras que en los ingresos se situarían en otros 94 millones.
Bailes de cifras
Pero no son estos los únicos 'bailes de cifras' detectados, pues en la cuenta agregada del sector público administrativo los técnicos del tribunal consideran que habría de reducirse su superávit en 1.600 millones, de modo que una vez rectificado quedaría en 24.329 millones, mientras que el importe negativo neto derivado de operaciones pendientes de regularización se tendría que elevar hasta 6.184 millones. Estas 'herencias' financieras no deseadas que pasan de un año a otro casi sin solución de continuidad son uno de los elementos más criticados por el tribunal, que las achaca a las «importantes modificaciones» presupuestarias que el Gobierno (tanto el actual como los anteriores) suele introducir.