La trama corrupta de Estepona abrió oficinas de cobro en el Ayuntamiento

La documentación incautada en los registros del consistorio, que se prolongó hasta la madrugada de ayer, y en las oficinas de Hacienda y Urbanismo parecen confirmar que el grupo corrupto operaba desde que en junio de 2003 el PSOE llegó a la alcaldía con el apoyo de concejales del Partido de Estepona (PES, ex 'gilistas').

La red que anidó en el ayuntamiento saltó por los aires el pasado martes, cuando la Policía desató una operación que permitió detener a 26 sospechosos, con el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, a la cabeza. El Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad malagueña y la Fiscalía Anticorrupción coordinan una amplia investigación patrimonial que se extiende a Córdoba, Cádiz, Madrid, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades.

Las investigaciones de la UDEF apuntan a que la primera de las 'oficinas de cobro', la de mayor envergadura, estaba bajo el mando del propio alcalde, Barrientos, y las personas de su círculo más cercano, como José Flores, su jefe de gabinete; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el ex coordinador del Área de Urbanismo, Pedro López Fernández, uno de los cerebros del entramado. La segunda 'oficina' era algo más modesta y se creó en fechas posteriores. Estaba dirigida, según la presunción policial, por Arturo Cebrián, por uno de los cinco arquitectos municipales del municipio de Estepona.

Su nombre ya había aparecido en otra investigación sobre corrupción urbanística en la Costa del Sol, la 'operación Hidalgo', relacionada con jugosas recalificaciones de terrenos rústicos.

Las dos oficinas clandestinas tenían sede abierta en el propio Ayuntamiento de Estepona, aunque los pequeños constructores también podía acceder a ellas a través de un número de teléfono. Al otro lado del aparato, una persona que se hacía llamar Raúl indicaba en qué cuentas se podían ingresar las coimas.

«Ninguna licencia de obras, ningún convenio urbanístico, ninguna recalificación», explican especialistas de Anticorrupción, «recibía el visto bueno si no pasaba antes por esta suerte de 'administración paralela' en el ayuntamiento». Los empresarios podían hacer ofertas a cada una de las trama por el mismo favor y luego llegar a un acuerdo económico con ambas o quedarse con el padrinazgo de uno sólo de los grupos, el más barato, señalan los responsables de la investigación.

Multitud de empresas recurrieron a estas oficinas del consistorio. La UDEF centra sus pesquisas en cuatro firmas por el gran volumen de contratos que firmaron con el consistorio: las constructoras Prasa, Codelsa y Agrojardín, y la promotora Valle Romano.

El presidente de Prasa y máximo accionista del Córdoba CF, José Romero González, fue detenido el martes. La juez de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, le impuso una fianza de 300.000 euros ese mismo día. El Grupo Prasa hizo pública ayer una nota en la que dice que el detenido «ha contribuido a esclarecer los hechos relacionados con la actividad promotora en Estepona». La UDEF investiga también al ex consejero delegado de la promotora Valle Romano, Luis Fernando Linares, arrestado también el martes.

La empresa construye una lujosa urbanización y campo de golf en la localidad, y mantiene numerosos contactos con el alcalde Barrientos y sus asesores. Dos abogados vinculados a Valle Romano fueron detenidos en Bilbao, entre ellos Daniel Delgado Lorenzo.

Entre los arrestados están dos conocidos empresarios locales, los hermanos Vicente y Félix Delgado, propietarios de la constructora Codelsa; y el dueño de Agrojardín, José Antonio Bazán.

Los investigadores tienen en su poder los convenios urbanísticos firmados desde 2000 e indicios de las comisiones millonarias. Pero ayer todavía expurgaban los cientos de documentos incautados para determinar si varios de los concejales y asesores del consistorio detenidos participaron de las corruptelas. Pedro López Fernández, militante socialista y presunto cerebro de la red, es conocido como el 'cobrador del frac' en círculos empresariales y policiales. Fue él, según la hipótesis de trabajo de la Fiscalía, quien importó el modelo de corrupción 'gilista' desde Marbella.

Los investigadores dicen tener «multitud de pruebas» de que López Fernández mantenía estrechas relaciones con el cerebro de la 'operación Malaya', Juan Antonio Roca, hoy en prisión pendiente de juicio, que le consideraba su hombre de confianza en el vecino consistorio de Estepona.

Los pinchazos y los seguimientos al coche de López Fernández, un aparatoso 'Jaguar', en las semanas posteriores a la 'operación Malaya' fueron los que, a finales de 2006 destaparon la existencia de una red de corruptelas en Estepona, casi de las mismas dimensiones que las que existía en el ayuntamiento marbellí.

La compleja investigación que se inicia ahora, tal y como ya pasó en Marbella, empuja a los investigadores a guardar cauto silencio sobre las pesquisas o los detenidos, a la espera de acumular pruebas que puedan afianzar o descartar imputaciones.

En esa situación de indefinición, a la espera de que futuras pruebas confirmen o descarten su implicación en la trama, están la concejal socialista de Cultura y Fiestas, Asunción López; la edil de Playas Marisa Rodríguez, también del PSOE; la concejal de Educación, Mariví López, y el ex edil de Hacienda, Manuel Reina, del Partido de Estepona.

También depende de la marcha de la investigación el futuro procesal del arquitecto municipal Ignacio de la Hoz; de Javier Wittmeur, jefe del Área de Urbanismo; el jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Andrés Flores, y el empresario que gestionó la campaña del PSOE en las municipales en Estepona, Enrique González Ceano.

En cambio, varios de los responsables de la Gerencia de Urbanismo desde 2003, en la que trabaja la hija del presidente del Senado, Patricia Rojo, han pasado a convertirse en testigos, confidentes o colaboradores de la UDEF en esta investigación. El propio concejal de Urbanismo de Estepona, Rafael Duarte, guió el lunes a los agentes durante los registros.

El pasado martes, recién desatada la 'operación Astapa', la Policía tomó declaración como testigos a una decena de técnicos municipales y ediles, entre ellos el tesorero del ayuntamiento, un interventor del consistorio y dos concejales del Partido Andalucista y del Partido de Estepona.

Todos ellos, explicaron fuentes judiciales, se han avenido a colaborar con la investigación, por lo que no están acusados.