Todo queda en familia
«¿No me digas que ha caído ese? Pues como sigan tirando seguro que se llevan por delante a alguno más de la familia». El comentario, que cargaba ayer las tintas contra uno de los detenidos por la 'operación Astapa', no es una opinión vertida sin ton ni son. Estepona, pese a ser una ciudad de cerca de 60.000 habitantes, conserva en muchos de sus aspectos la idiosincrasia de un pueblo, donde casi todos se conocen y las vinculaciones de los lugareños no tienen fin. Los árboles genealógicos, ya sea de primera línea o de enésima, se estiran hasta el infinito.
| Actualizado:Es difícil encontrar a una persona que no tenga algún lazo con oriundos del primitivo pueblo. Una gran familia de parentescos entrecruzados que también se ha dejado entrever en la lista de arrestados por la supuesta trama de corrupción urbanística destapada el pasado martes. Cuñados, primos o hermanos se dan la mano entre un aluvión de iniciales que casi cualquier vecino es capaz de descifrar y han dejado al descubierto que algunos de los supuestos negocios ilícitos quedaban casi en familia. La lista no deja de sorprender. Si se mira con lupa se descubre, por ejemplo, que uno de los propietarios de una constructora intervenida -liderada por hermanos, V. D. y F. D., ambos arrestados- no es otro que el cuñado del concejal de Hacienda, Francisco Zamorano.
Es sólo la punta del iceberg. Más vínculos atesora el también detenido jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, mano derecha del alcalde, Antonio Barrientos, y capaz de recitar al dedillo los convenios urbanísticos firmados en el último mandato. El primero y más directo es que su primo Arturo Flores, igualmente imputado en las investigaciones de la 'operación Astapa', ostenta la jefatura de los servicios jurídicos de Urbanismo, una de las responsabilidades de mayor peso en el engranaje municipal. Idéntico parentesco tiene con Juan Simón, arrestado en la operación e integrante del PSOE de Estepona.
Precisamente este último, según las investigaciones policiales, comparte negocios con otro de los supuestos implicados en la trama, M. B. F., presidente de la empresa que optó a la polémica concesión del depósito municipal de la grúa. Creada un día antes de que saliera a concurso el servicio, fue hace dos semanas, casi de manera premonitoria, carne de cañón para un rifirrafe entre el propio Zamorano y otra concejala del equipo de gobierno. Como telón de fondo, una denuncia velada de supuestos intereses de terceros porque la adjudicación cayera en manos de empresas afines. El partido Convocatoria Los Verdes fue el encargado de destapar las supuestas irregularidades de la licitación.
El lazo sanguíneo más fuerte puesto de manifiesto con las detenciones practicadas por las fuerzas de seguridad es, sin embargo, la presencia de dos hermanos.
Sorprendente fue la detención de la hermana del concejal del PES, José Ignacio Crespo. Ana María Crespo, antaño procuradora y hoy volcada en su faceta de comercial, es una de las grandes desconocidas en el panorama municipal. El martes se vio salpicada por la 'operación Astapa' mientras su hermano se encontraba fuera de Estepona y no fue arrestado hasta el final de la jornada. Quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros e imputada por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
Un comentario de plaza de pueblo en una ciudad dimensionada para el ocio: como en familia.