Cambios de fondo
La resistencia del Gobierno a calificar como crisis el período de pronunciada desaceleración que soporta la economía española se sustenta en buena medida en un análisis de la actual coyuntura tendente a imputar el enfriamiento a factores externos que difícilmente podrían ser modulados por las políticas públicas, como es el alza continuada del petróleo y de los precios de los alimentos y el endurecimiento de las condiciones financieras. Esta percepción no sólo contribuye a descargar de responsabilidad al Ejecutivo en la gestión de las dificultades, sino que incurre en el riesgo de trivializar o ignorar los déficits estructurales que están agudizando la vulnerabilidad de nuestro modelo de crecimiento. La identificación que realiza el Banco de España de algunas de esas carencias en su informe anual obliga tanto a la Administración central como a las autonómicas a atender cuando menos sus advertencias sobre la necesidad de controlar el gasto público, evitar la adopción de medidas discrecionales de efecto únicamente a corto plazo y proceder a reformas de fondo en el mercado laboral y en el sistema de pensiones.
| Actualizado: GuardarLos análisis más optimistas o benévolos del Gobierno sobre la fortaleza de la economía española y su capacidad de recuperación no pueden soslayar ni la imposibilidad de que el largo ciclo de crecimiento pueda repetirse con el mismo modelo, ni la evidencia de que la incorporación al desarrollo de las potencias emergentes forzará a los viejos países industrializados a convivir con la carestía del crudo y las tensiones inflacionistas. Por ello, la renuencia a admitir el impacto de la desaceleración supone retrasar también la adopción de aquellas medidas que puedan reorientar las bases del crecimiento. En este sentido, resulta razonable que el Ejecutivo y los agentes sociales sopesen posibles modificaciones normativas en el mercado de trabajo para ajustar éste a las nuevas necesidades de la economía, aunque recomendaciones como las planteadas por el Banco de España para desvincular los salarios del aumento de los precios y supeditarlos a la productividad requerirían de un amplio consenso para asegurar su legitimidad. Pero de la misma manera que los cambios laborales parecen ineludibles ante la crisis de un modelo cimentado en la explotación intensiva del sector inmobiliario, también lo es la profundización en las reformas que favorezcan el alargamiento de la edad de jubilación y un aprovechamiento más eficaz y duradero de la experiencia profesional.
