El fiscal amplía la acusación contra los padres de la niña mauritana que denunció a su marido

Hace un año, una menor denunciaba a su esposo en la Comisaría de Puerto Real. Respaldada por una familia española que la había cuidado desde niña, la joven destapaba un posible matrimonio forzado en Mauritania y unas relaciones sexuales obligadas. Un año después, la instrucción está a punto de terminar y ya hay un auto de procesamiento en el que el juez imputa al marido y a los padres de la niña, que en la actualidad tiene 15 años. Además, hoy en la Audiencia Provincial se planteará un recurso de la defensa, que solicita poner en libertad provisional al esposo y a la progenitora de la víctima, que llevan un año en prisión.

La menor, pese a su nacionalidad mauritana, nació y creció en Puerto Real. La familia española con la que se encuentra residiendo, pese a ser su hogar de referencia y así constaba en su ficha escolar a la que pudo acceder este periódico, no tiene ninguna vinculación legal, como la acogida o la adopción, que les permitiera tutelarla sin interferencias de sus padres biológicos. Según contaron a este medio hace un año, la relación con la adolescente comenzó cuando la familia mauritana se trasladó a vivir al mismo bloque y ellos asumieron sus cuidados por una cuestión de caridad.

Lo que comenzó hace unos años como una ayuda, fue creciendo hasta el punto de que sus profesores si tenían que entrevistarse con la familia de la menor, lo hacía con los padres españoles.

Pero en 2005, en uno de los viajes que hizo la niña al país de origen de sus progenitores, regresó ya casada. Desde la familia puertorrealeña contaban cómo la menor estaba aterrorizada y que apenas podía verbalizar los encuentros sexuales que había tenido con su esposo, un primo suyo que había superado los cuarenta años.

La pareja vivía a distancia. Ella regresó a su vida de adolescente en Puerto Real, mientras que el esposo se quedó en Mauritania. Pero el año pasado viajó a España a ver a su mujer antes de proseguir su camino hacia Alemania, donde iba a ocupar un puesto de trabajo. Cuando la menor se negó a mantener relaciones sexuales, según denunció ante la Policía y el juez, se desencadenaron los acontecimientos.

Su esposo y sus padres fueron detenidos por un delito de agresión sexual -los progenitores fueron imputados en calidad de cooperadores-. Los dos primeros fueron enviados a prisión y el padre quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento.

Sin patria potestad

La Fiscalía solicitó la privación de la patria potestad y la menor regresó al hogar español, donde vive ahora a la espera de la resolución judicial. Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que además del delito sexual, han ampliado la acusación sobre los progenitores biológicos, a los que les imputa también malos tratos.

Por su parte, el abogado de la defensa ha solicitado que se modifiquen las medidas cautelares que mantienen en prisión a dos de los acusados. En primera instancia se les ha denegado y ahora es la Audiencia la que atenderá esta petición. La Fiscalía ya se ha mostrado contraria a la libertad provisional del marido y la madre. Con el auto de procesamiento pendiente de estos últimos trámites procesales, el siguiente paso será el señalamiento y el juicio.

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