La Policía desmantela una nueva trama corrupta en la Costa del Sol

Dos años y tres meses después de la 'operación Malaya', los mismos expertos policiales desencadenaron la 'operación Astapa', denominación fenicia de Estepona. En la redada cayeron al menos 25 personas: 23 en Málaga, entre ellas el alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos, y dos en Córdoba. La investigación, según fuentes policiales, hunde sus raíces, en la 'operación Malaya'. En octubre de 2006, tras cinco meses de investigaciones, los expertos en blanqueo de la Policía descubrieron que los tentáculos de la corrupción marbellí afectaba a un concejal de Estepona.

La Agencia Tributaria siguió la pista y sólo unas semanas después confirmó que varios de los miembros de este consistorio y sus familias habían experimentado un desproporcionado aumento en sus rentas inmobiliarias en la última década que en modo alguno se correspondía con sus ingresos.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), con apoyo de las Unidades Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDyCO) de la Costa del Sol, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía malagueña, abrieron entonces una investigación propia.

Dada la envergadura de las irregularidades y el número de implicados, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidió hace un mes entregar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que de inmediato dedicó al tema a dos de sus especialistas.

Sobre la mesa había 1.578 expedientes abiertos por supuestas irregularidades urbanísticas por los que empezar las indagaciones. Los pinchazos telefónicos no tardaron en sacar a la luz que la base del 'negocio' era la recalificación: la venta masiva de terreno público a promotoras y empresarios amigos a un precio muy por debajo del mercado. También había concesiones ilegales de permisos de obra a cambio de comisiones millonarias a repartir entre los altos cargos del ayuntamiento implicados. Era una práctica similar a la que el Grupo Independiente Liberal (GIL) había puesto en marcha en Marbella años antes, cuando también gobernaba Estepona. Dos miembros muy relevantes de la trama, al saberse investigados por la Policía, decidieron colaborar y confirmaron las sospechas de los expertos. Considerados ahora testigos protegidos, no han sido imputados ante el juez.

Según fuentes de la investigación, los primeros en ser detenidos ayer fueron miembros de la corporación municipal: el alcalde Barrientos; Francisco Zamorano, concejal de Hacienda; Arturo Cebrián, arquitecto municipal; el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur, y José Flores, jefe de la Alcaldía. También fueron arrestados varios ex ediles de anteriores legislaturas, empleados de la corporación municipal, abogados, asesores financieros y empresarios andaluces y vascos. El Ministerio del Interior guardó silencio durante toda la jornada sobre la identidad de los implicados. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales. Los especialistas de la UDEF y la UDyCO irrumpieron a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Estepona acompañados del alcalde, que fue detenido en su domicilio, a la búsqueda de pruebas.

Durante varias horas, en presencia del fiscal Anticorrupción, registraron el edificio, así como la casa particular de Barrientos en la urbanización Bahía Azul, en la que la policía se incautó de varias cajas de documentación y planos de proyectos urbanísticos.

Otros funcionarios allanaron las delegaciones municipales de Urbanismo y Hacienda a la búsqueda de papeles que probaran el pago de comisiones y las recalificaciones ilegales.