Editorial

Europa sin ciudadanos

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunidos ayer en Luxemburgo, no supieron dar otra respuesta a la crisis desatada por el 'no' irlandés al Tratado de Lisboa que la del anuncio de un período de «reflexión y análisis». El hecho de que dejaran el asunto en manos de los jefes de gobierno, que se reunirán en Consejo Europeo a partir del jueves, pudo ser pertinente debido al alcance del problema. Pero dado que no ofrecieron siquiera una pista sobre cómo abrirse paso en el laberinto constitucional, es probable que la vaguedad de sus palabras refleje una preocupante incapacidad para hallar una salida a la crisis. Una salida tan difícil como urgente si se quiere evitar el desánimo europeo, el contagio a otros países y el retraimiento ante las próximas elecciones al Parlamento de Estrasburgo. En los últimos años los líderes europeos han puesto en marcha varios proyectos para generar una mayor aceptación ciudadana hacia el proceso de integración, incluida la redacción de un texto constitucional. El resultado del referéndum en Irlanda indica que no lo han logrado. La UE ampliada en número de miembros y en atribuciones es muy diversa, y hay razones para pensar que no goza de la anuencia social necesaria. Sin embargo sus líderes en Bruselas y en las capitales nacionales parecen no entender o no asumir la situación.

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El presidente Rodríguez Zapatero coincidió ayer con los ministros de Asuntos Exteriores europeos mostrándose partidario de proseguir con el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa; y Moratinos indicó que el Gobierno podría ver el proyecto de ley orgánica la próxima semana. Pero jurídicamente no hay posibilidad de ratificación final si Irlanda no vota de nuevo el Tratado. E Irlanda no puede votar el mismo texto, por lo que primero debería modificarse para asegurar el respaldo irlandés sin que ello genere reacciones adversas en otros países. Más allá de la deseable aprobación por todos los socios europeos del Tratado de Lisboa y el seguro retraso de su eventual entrada en vigor, el Consejo Europeo ha de afrontar el problema político de fondo, que ha sido calificado ya como el de «una Europa sin ciudadanos».