Coste excesivo
El anuncio por parte de las tres organizaciones -Fenadismer, Confedetrans y Antid- convocantes del paro en el transporte de que paralizan temporalmente la movilización para no «ocasionar más daño a la maltrecha economía del sector» aboca a los empresarios y trabajadores concernidos a restablecer su actividad sin haber visto satisfechas sus reivindicaciones máximas, pero con un coste que ha resultado a todas luces excesivo tanto para los propios implicados como para la ciudadanía. La desconvocatoria de la huelga constituía la única salida razonable dado que si su impulso ya había resultado cuestionable al encontrarse abiertas las negociaciones con el Gobierno, la misma pasó a carecer de sentido una vez que las asociaciones mayoritarias que no la secundaron cerraron un acuerdo con el Ejecutivo que cabe interpretar como el más pragmático; un pacto que debería contribuir a afrontar en mejores condiciones las dificultades derivadas del encarecimiento de los combustibles -el barril de petróleo roza ya los 140 dólares-, pero también a propiciar la reordenación de un sector que ha registrado notables incrementos en la flota al calor de la bonanza económica.
| Actualizado: GuardarPuede ser comprensible que quienes han protagonizado una movilización susceptible de colapsar las principales arterias y los centros de distribución y comercialización del país se resistan a renunciar a sus objetivos, máxime después de haberse enrocado en un propósito -la fijación de una tarifa mínima- inasumible legalmente para el Gobierno-. Sin embargo, es justamente la frustración generada por los esfuerzos consumidos en lograr una tabla reivindicativa difícilmente factible, unida al enfriamiento de los efectos reales del paro una vez que el Ejecutivo garantizó el abastecimiento y la circulación en las carreteras, la que interpela a los convocantes para que desistan de transformar la huelga en otro tipo de iniciativas que retraigan la atención de la búsqueda de un acuerdo para poder encarar la crisis. Las serias consecuencias que han supuesto las movilizaciones para una economía muy ralentizada y el desmedido uso realizado de unos derechos cuya proyección afecta a la ciudadanía en su conjunto constituyen una advertencia ineludible de los riesgos de convulsión social a los que habrá de hacer frente el Gobierno a causa del frenazo en el crecimiento, pero también de los límites a los que deberán ceñirse las exigencias gremiales en un contexto de inquietud colectiva.
