Los vínculos con la 'Operación Malaya'

La Costa del Sol vive un nuevo sobresalto al destaparse en Estepona una red de corrupción urbanística similar a la 'Operación Malaya'. Los investigadores aseguran que en este municipio se seguía el patrón de Marbella pero las conexiones van más allá. La Policía vio "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la 'Operación Malaya', Juan Antonio Roca.

Las supuestas irregularidades cometidas en esta operación inmobiliaria de Estepona se analizaban en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del 'Caso Malaya' contra la corrupción en Marbella. El acuerdo, relativo a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, fue suscrito por el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) con el apoderado de Inmobiliaria Eridano, Julio Blasco, imputado en el "Caso Malaya", el 14 de noviembre de 2005, y aprobado en Pleno el 24 de febrero de 2006.

El Ayuntamiento vendió el 90% de la parcela a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10% restante a 831,3 euros, según la valoración efectuada por los técnicos adscritos al departamento de Urbanismo. Los investigadores observaron un "desfase" en la valoración referida a unos 2.300 metros con la que se fijaba en un contrato privado suscrito entre Inmobiliaria Eridano y Atriz Gestión Inmobiliaria, que cifró en 2.085 euros cada metro cuadrado edificable.

"Intereses ocultos"

Por ello, la Policía dedujo la "existencia de intereses ocultos" y se preguntó por qué no adquirió el terreno directamente Atriz Gestión Inmobiliaria y negoció con el Ayuntamiento de Estepona de forma directa posteriormente la adquisición de los derechos. El informe apuntaba a que "posiblemente las trabas formuladas en los distintos departamentos municipales y los precios establecidos hubieran diferido sensiblemente de no intermediar Óscar Benavente y Óscar Jiménez -ambos presuntos testaferros de Roca-, mediante su influencia en el área de Urbanismo en función de sus contactos con Pedro López (coordinador de Urbanismo en el Ayuntamiento)".

Benavente, al que se señala en el informe como el "engranaje fundamental para el buen devenir de la operación", acudió el 29 de noviembre de 2005 a la Delegación municipal de Urbanismo de Estepona para retirar el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad Inversora Inmobiliaria Eridano. La Policía incide en que durante la tramitación del convenio fue Benavente quien se informó de la "evolución de los acontecimientos" a través de Pedro López, al que consideraba "un hombre suyo".

Además, precisa que López dependía "directamente" del alcalde del municipio, Antonio Barrientos, responsable entonces también de Urbanismo. En este sentido, apuntaba que como máximo responsable del Ayuntamiento de Estepona , Barrientos pudo "haber tenido conocimiento de las irregularidades que conciernen al departamento de Urbanismo".

Inversora Inmobiliaria Eridano es una de las sociedades que aparece en la documentación incautada en los registros practicados en la sede de Maras Asesores en Marbella, la cual utilizaba supuestamente Roca para recibir pagos ilegales de empresarios y promotores.