El Gobierno solicitará el 27 de junio el informe del Consejo de Estado para reformar la ley electoral

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que el Ejecutivo pedirá el próximo 27 de junio un informe al Consejo de Estado para "abordar el debate y la reflexión" sobre la modificación de la ley electoral. El Gobierno no ha dado detalles sobre esta reforma, ni sobre qué aspectos concretos consultará al Consejo de Estado, y la vicepresidenta sólo ha dicho que se evaluará la posibilidad de aplicar cambios "que hagan posible, con el mayor acuerdo posible, seguir avanzando en calidad democrática".

De la Vega ha expuesto las prioridades legislativas de su departamento ante la Comisión constitucional del Senado -al igual que hizo en mayo en la del Congreso- y ha expresado el compromiso del Gobierno con que el Parlamento tenga un papel central en la democracia y con la reforma de la Cámara Alta para potenciar su naturaleza de Cámara de representación territorial.

La reforma del Senado porque "ya no nos cree nadie"

La vicepresidenta ha urgido a todos los grupos a afrontar en esta legislatura la reforma del Senado porque "ya no nos cree nadie" y "para que nos crean, tenemos que hacerla" y ha instado al PP a que, una vez pase este fin de semana -cuando se celebra el Congreso del principal partido de la oposición-, se siente en la misma mesa con los socialistas y el resto de grupos para tratar este asunto.

De la Vega está dispuesta a iniciar "mañana" el debate para la reforma de la Cámara, al igual que el Gobierno lo está para facilitar los instrumentos de trabajo necesarios: "Tenemos mucho material, llevamos muchos años y ya no nos cree nadie. Para que nos crean, tenemos que ponernos a hacerlo con voluntad, ésta sería una buena legislatura para la reforma", que, a su juicio, debe abordar en primer lugar las funciones y, después, su composición.

Así, ha asegurado que para ello el Ejecutivo está dispuesto a facilitar en lo posible el consenso y ha recordado que ya dio pasos para potenciar el carácter territorial del Senado al reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para que las Comunidades Autónomas, a través de la Cámara Alta, participen en la elección de los miembros del TC. A este respecto, la vicepresidenta considera que la renovación del TC es una "exigencia inaplazable". Por ello, ha pedido al Senado que haga su parte del trabajo para "superar una anomalía que se ha prolongado demasiado tiempo".

Nuevo modelo de financiación autonómica

Se ha referido además a las negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica y ha recalcado que las comunidades "no pueden seguir siendo básicamente haciendas de transferencias, entes de gasto con escasa responsabilidad desde la perspectiva del ingreso".

En este sentido, ha advertido de que profundizar en el autogobierno "exige inexorablemente profundizar también en la responsabilidad fiscal y en la determinación de espacios fiscales diferenciados" para que las comunidades puedan adoptar "responsablemente sus propias decisiones de ingresos y gastos".

Para ello, se ha comprometido a impulsar el desarrollo de los nuevos Estatutos de autonomía con "lealtad institucional" y por medio del diálogo, para garantizar una mejor gestión de los servicios públicos y también a apoyar todas las iniciativas de reforma estatutaria que están pendientes y "que sean conformes con la Constitución".

Conferencia de presidentes en septiembre

Además, ha asegurado que el Gobierno potenciará los mecanismos de colaboración entre instituciones autonómicas y gobierno central y a respetar el reparto de competencias para reducir los litigios y los conflictos. "El Gobierno será muy riguroso a la hora de velar por sus competencias y con el mismo rigor se compromete a respetar las competencias que constitucional y estatutariamente corresponden a las Comunidades Autónomas".

La también portavoz del Gobierno ha recordado que la primera conferencia de presidentes autonómicos de la legislatura será en septiembre y su tema será la violencia de género, con el fin de combinar la acción de todas las administraciones y así "combatir eficazmente esta dramática violencia". En ese momento, el Ejecutivo presentará una propuesta para regular e institucionalizar este órgano y así garantizar su permanencia.

De la Vega recordó otros compromisos y funciones de su departamento y del Gobierno, como la próxima reforma de la Ley de Asociaciones, la Ley para la Igualdad de Trato y contra la Discriminación, el Plan de Derechos Humanos, que incluirá un plan integral de lucha contra la trata internacional de seres humanos, o la creación de una Comisión internacional que vele por la abolición de la pena de muerte, tal como anunció anoche el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.