Más que una huelga
La verdad es que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena., pero una vez que pasa la tormenta la santa cae de nuevo en el olvido más absoluto. Siempre sucede lo mismo. Tiene que ocurrir un acontecimiento extraordinario, de consecuencias funestas, para que la sociedad tome conciencia de su alcance y los gobiernos reaccionen con la adopción de medidas preventivas y, en su caso, sancionadoras que eviten, en lo posible, su repetición de cara al futuro. Me viene a la memoria este conocido refrán popular mientras prestaba atención a una tertulia radiofónica relacionada con el conflicto de los transportistas que permanecen en huelga. Uno de los participantes se declaró partidario de modificar la legislación vigente sobre huelgas por considerarla obsoleta. Hacía tiempo que no escuchaba una opinión parecida.
| Actualizado:No es cierto, como mantienen algunos, que la mejor ley sobre huelga es la que no existe. Eso es puro eufemismo. La normativa sobre huelga es preconstitucional. Se recoge, fundamentalmente, en el Real Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977. Y si bien fue más o menos útil para dar respuesta a situaciones de conflictividad laboral de aquella época, hoy, al cabo de los treinta años de su promulgación, en mi opinión, ha quedado desfasada. Sobre todo en lo que se refiere a las huelgas que se originan en el sector público. Como es sabido, en estos casos siempre pagan justos por pecadores. Ya es hora de que el gobierno de turno coja el toro por los cuernos y aborde una nueva legislación que, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores, haga prevalecer los intereses generales de la sociedad sobre otros de carácter particular. Las huelgas que recaen sobre los transportes públicos, los servicios de limpiezas, la sanidad pública o sobre cualquier otro de naturaleza similar afectan mucho más al conjunto de los ciudadanos que a aquéllos que en el ejercicio de sus derechos las provocan. No digamos cuando, ilegalmente, se bloquean los accesos de las poblaciones o se ocupan, con manifestaciones no autorizadas, las vías publicas de cualquier ciudad. Entonces los efectos se agravan mucho más y los sufren precisamente los que no tienen nada que ver con el origen de la huelga.
En puridad de doctrina el conflicto originado por los camioneros no se puede calificar como huelga. Más bien ha sido un paro patronal que lesiona seriamente la economía del país. Ante todo constituye una manifestación de insolidaridad con la sociedad porque las secuelas del precio del petróleo las padecemos todos y no exclusivamente los transportistas. A esta situación responde el gobierno con firmeza pero un poco tarde. Queda pendiente la adopción de las medidas necesarias, y convincentes para la población, que hagan frente a la gravedad de una crisis económica que no se quiere reconocer públicamente.
Aunque las circunstancias no son las mismas, tal vez convenga recordar que una huelga de camioneros fue el principio del fin del régimen de Salvador Allende.