Cádiz y Granada, las provincias donde más creció el número de investigaciones por delitos contra el territorio en 2007

El número de diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio se multiplicaron en 2007, por cuatro y por dos respectivamente, en las provincias de Cádiz y Granada, mientras disminuyeron de manera considerable en las de Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla.

Así se desprende del informe corrspondiente al pasado año de la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía, hecha pública hoy, en la que se precisa que, en total, se incoaron 1.039 diligencias en la citada materia, frente la 925 del anterior.

En concreto, en la provincia de Cádiz en 2007 se abrieron 345 investigaciones, frente a las 77 del año anterior; en Granada, el incremento fue menor, de las 48 en 2006 a 102 en el presente año; en Jaén se incoaron 66 en este año y 65 en el anterior; y en Huelva, sólo se abrieron tres, cuando en 2006 hubo una.

Los casos más llamativos de disminución de incoación de diligencias son Sevilla, que en 2006 registró 353 y en 2007 198; Almería, que disminuyó de 116 a 79; Málaga, que pasó de 243 a 238 en 2006; y finalmente Córdoba, que abrió ocho investigaciones respecto a las 14 del ejercicio anterior.

Asimismo han disminuido el número de investigaciones abiertas por delitos contra el medio ambiente, de 425 en 2006 a 401 en 2007, y también ligeramente los de patrimonio, de 40 a 35.

Según indica la Memoria, que será presentada al Parlamento andaluz por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se produjeron un total de 819 incendios forestales, que afectaron a una superficie de 4.388,3 hectáreas. De éstas, el 40 por ciento fueron de terreno arbolado y el 59,3 de matorral.

REDUCCION DEL 40 POR CIENTO RESPECTO A LOS DIEZ AÑOS ANTERIORES.

La relación de superficie afectada por cada incendio forestal ha sido de 5,36 hectáreas por incendio, lo que supone una reducción superior al 40 por ciento respecto a la media de los últimos diez años, según subraya la Fiscalía.

Del total de siniestros, cuatro superaron las 100 hectáreas, dos en la provincia de Huelva, uno en Sevilla, y otro en Córdoba; y 18 superaron las 25 hectáreas, seis en la provincia de Huelva, tres en las de Sevilla y Almería, dos en las de Córdoba y Jaén, y uno en las de Cádiz y Granada.

El mayor porcentaje de causas determinantes de los incendios forestales se encuentra en las negligencias, que han supuesto el 43,1 por ciento. Los incendios intencionados representan un 32,8 por ciento, entre los que destaca los producidos por 'otras causas' o por gamberrismo, un 18,6 y un seis por ciento, respectivamente.

Los siniestros accidentales representaron un 3,4 por ciento, mientras que los naturales supusieron un cuatro por ciento del total. El porcentaje de incendios de causas desconocidas y/o en investigación fue del 16,6 por ciento.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Política Interior, recogidos en el documento, desde el 1 de enero al 30 de septiembre la Policía Autonómica había detenido a 63 personas por su supuesta relación con incendios forestales. Asimismo, la Guardia Civil había realizado 19 detenciones en ese mismo periodo.

El informe considera asimismo que los incrementos de asuntos y de fiscales que desarrollan su trabajo en medioambiente han puesto de relieve la necesidad de reconsiderar los medios personales con los que dispone la Red, en lo que al personal auxiliar se refiere.

Así, considera la Fiscalía en el documento "evidente" que en las distintas secciones provinciales, al asumir la investigación en estas materias y, posteriormente, el despacho de los asuntos ya judicializados, se hace "imprescindible" destinar funcionarios de la fiscalía que atiendan este servicio de manera exclusiva.

CONTROL DE LOS EXPEDIENTES.

La gran cantidad de escritos, comparecencias, informes y diligencias que se generan en la investigación de estas causas, así como los plazos perentorios de las mismas, "obligan" a realizar un control "puramente administrativo o burocrático" de los expedientes, "que evidentemente ni pueden ni deben asumir los fiscales de la Red", se agrega en el informe.

En este sentido, se insiste en la necesidad de crear unidades adscritas multidisciplinares, que deberían estar integradas por un experto en materia de ordenación del territorio, otro en medio ambiente, un perito toxicológico y otro en materia de patrimonio histórico. A ellos deben unirse "necesariamente" miembros del Seprona, de la unidad adscrita al Cuerpo Nacional de Policía y de los agentes de Medio Ambiente.

"Es evidente que cuando el fiscal disponga de estos recursos la eficacia y la rapidez de su trabajo aumentarán considerablemente", señala el documento, en el que se considera además que la consejería de Justicia y Administración Pública es "la que deberá capitalizar la creación, organización de los servicios y el incremento de personal que ello conlleva", petición que en la Memoria se cree "más que justificada".