El juez no halla pruebas en los informes de la Policía que avalan la inocencia de Ricardi

El juez que instruye la causa por la que fue condenado Rafael Ricardi en el año 96 no ve material probatorio en los informes de la Policía que defienden la inocencia del portuense. Miguel Ángel López Marchena, que está al frente del juzgado de Instrucción nº 3 de El Puerto, asumió a finales del mes pasado esta investigación y la de otras tres agresiones sexuales, después de que su colega del número 2 se inhibiera a favor del órgano judicial que él tutela.

Estos cuatro casos son aquellos en los que aparecieron restos de ADN de Fernando P.G., uno de los dos sospechosos detenidos por la Policía y al que le achacan hasta diez violaciones ocurridas entre los años 95 y 2000. Si bien, las pruebas biológicas sólo le relacionan directamente con cuatro ataques, que son los que a día de hoy están reabiertos judicialmente. También hay una quinta causa que se está instruyendo en los juzgados de Puerto Real, y por la que está imputado el otro sospechoso: Juan B. G., cuyo perfil genético fue descubierto en unos restos recuperados del escenario de una violación sucedida en 1998, en las inmediaciones de la estación puertorrealeña.

Este periódico ha tenido acceso a los primeros autos dictados por el instructor para acordar una serie de medidas judiciales, y en uno de ellos, fechado el pasado 9 de junio, el juez se pronuncia por primera vez sobre las tesis de la Policía, que en su día fueron divulgadas en rueda de prensa. López Marchena señala que «en cuanto a Rafael Ricardi Robles se tiene que partir que las conclusiones que se han presentado por la Policía Judicial no tienen carácter de prueba plena, sino que requiere la práctica de diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos». El juez tampoco cierra la puerta a que se acredite en un futuro la inocencia del portuense, pero la supedita al resultado de las pruebas solicitadas por él y por la Fiscalía porque entiende que el material aportado hasta ahora no desvirtúa la culpabilidad de Ricardi como sí aseguran los encargados de las pesquisas policiales.

Tampoco descarta que las agresiones sexuales pudieran haber sido cometidas por más de dos violadores, ya que se refiere en el mismo auto a la investigación de unos hechos en los que participaron «al menos dos personas». Y es que en el sumario donde se recogen todas las actuaciones judiciales y policiales que se realizaron desde que se denunció la primera de las diez agresiones, aparecen detalles que no coinciden con las tesis de los investigadores que sostienen que siempre actuó la misma pareja de agresores, repitiendo un modus operandi muy similar. Sin embargo, algunas de las víctimas dieron detalles que no concuerdan con ninguno de los tres implicados hasta ahora: Rafael Ricardi, Fernando P. G. y Juan B. G.

Testigo protegido

El instructor se aleja por completo de la seguridad manifestada por la Policía y siguiendo una línea aséptica, no da por hecho tampoco que los dos jerezanos detenidos en abril sean los supuestos autores de las diez agresiones. Así subraya que sólo hay una única imputación contra Juan B. G., como supuesto autor de la violación de Puerto Real, y que «sólo existen evidencias claras» que implican a Fernando P. G. en otros cuatro casos. Se trata de los asuntos donde se sacó el perfil genético de ambos sospechosos.

Además de acordar la práctica de más diligencias, coincidiendo con la postura de cautela mantenida por la Fiscalía, que está a la espera de unos resultados para impulsar o no la revisión de la sentencia de Ricardi, López Marchena ha incluido a la víctima del portuense y a su padre en los ficheros de testigos protegidos, con el fin de preservar su anonimato.

Personación con límites

Por su parte, la letrada de Rafael Ricardi solicitó hace unos días personarse en las cinco causas que se están instruyendo. Pero como su cliente sólo fue sentenciado por uno de los ataques, sólo tendrá acceso a la información y a la práctica de pruebas que puedan valerle para sacar adelante la revisión de la condena solicitada ante el Supremo.

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