Crisis, política y sociedad

Por sentido común, que suele ser determinante en estas crisis, las movilizaciones no serán duraderas. Los pequeños y medianos transportistas, agrupados en Fenadismer y otras organizaciones, están insoportablemente agobiados por la subida extraordinaria del precio del gasóleo, que ha pasado en un año de 0,95 euros por litro a más de 1,30, que afecta en mayor medida a los pequeños empresarios del sector que a las grandes compañías. El Gobierno es, lógicamente, el primer interesado en que cesen las protestas, y en sus numerosas reuniones con los huelguistas ha efectuado prácticamente todas las concesiones posibles, incluso un retraso en la armonización fiscal de los carburantes con la normativa europea que obligará a subir los impuestos actuales. En lo que no cede es en el establecimiento de una tarifa mínima que impida el dumping, el dar servicio por debajo de los costos. Tal limitación, que atentaría contra la libertad mercantil, está rigurosamente prohibida por la Comisión Europea y aun por la normativa española, como acaba de recordar la Comisión Nacional de la Competencia. En definitiva, todo indica que cuando se hayan equilibrado las demás demandas y las correspondientes concesiones, cesará la presión. Una presión que, como todas las de su clase, es injusta ya que toma en rehén a los ciudadanos, que también somos víctimas de las mismas subidas agobiantes de precios.

El desconcierto social, que se ha manifestado en forma de psicosis de desabastecimiento, ha sido sin embargo mayor que otras veces, probablemente porque se ha percibido el mencionado vacío institucional. En efecto, estábamos acostumbrados -quizá en exceso- a que todos los asuntos cotidianos mereciesen un debate público permanente e inflamado en el Parlamento y en la prensa. Y en cambio, cunde ahora la impresión de que el Gobierno está inactivo y la oposición, desaparecida. Se echa en falta una discusión puntual y constante que sirva de trasfondo al desarrollo de los acontecimientos. Si los políticos tuvieran suficiente sensibilidad, sacarían conclusiones de estas evidencias: Gobierno y oposición componen un binomio dialéctico clarificador que tiene la obligación de responder a las demandas sociales de claridad, control y contraste de la realidad. Y cuando no se produce la controversia, o se sustituye por algún sucedáneo artificial y formulario, cunde la desorientación. Ayer, en medio de ese desierto ideológico, se debatió en el Congreso algún aspecto de la política de inmigración, sobre la que Europa está asimismo especulando. En el fondo, y aunque el PP es partidario de un contrato según el modelo Sarkozy en tanto el Gobierno lo rechaza, las posiciones no están muy distantes. El asunto es serio y requiere dedicación y diálogo. Pero no se pudo ocultar que, en realidad, la política parlamentaria está toda ella pendiente de que el PP resuelva afirmativamente sus dudas ontológicas y emprenda una estrategia de oposición.

No sólo la oposición está en impasse: también el Gobierno parece premioso y lento de reflejos. Aún no ha ingresado en las Cámaras proyecto de ley alguno, por lo que el Legislativo sestea apaciblemente. Todavía no cabe alegar preocupación pero ya es hora de que las dos grandes formaciones, recíprocamente estimuladas por la sana competencia, adopten su biunívoca velocidad de crucero. La situación económica del país se ha deteriorado gravemente en los últimos meses y no sería de recibo que el stablishment se mantuviera a medio gas hasta septiembre. Acabe pues en paz el PP su congreso y pónganse socialistas y populares a trabajar con la intensidad necesaria.