Erdogan abre el debate entre votos o leyes

Turquía lleva tiempo viviendo entre disyuntivas: Europa o Asia, laicos o islamistas... y ahora también votos o leyes. Los primeros los tiene el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan; las segundas el Tribunal Constitucional. Y jamás han conseguido ponerse de acuerdo. El Gobierno democrático que arrasó en las urnas ha vuelto a topar con los principios inamovibles del orden laico fundado en 1923 por el padre de la patria otomana, Mustafá Kemal Atatürk.

Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) cuentan con el respaldo que le dieron los turcos a golpe de papeleta. Pero los magistrados del alto tribunal que vela por la Carta Magna tienen como garante al Ejército, ausente pero omnipresente.

Un nuevo desencuentro nació en febrero, cuando el Ejecutivo aprobó -y el Parlamento ratificó- dos enmiendas a la Constitución con el ánimo de garantizar la «libertad de educación» a todos los ciudadanos, algo que en realidad significa que las alumnas turcas podrían acudir a la Universidad cubiertas con el velo islámico.

El recurso de inconstitucionalidad no se hizo esperar, impulsado de inmediato por los opositores del Partido Republicano del Pueblo (CHP), que consideran que la libertad para el uso del velo supone «el primer paso hacia la creación de un Estado islámico».

El máximo órgano jurídico se ha dado prisa en dictaminar y lo ha hecho como se esperaba: el laicismo debe prevalecer ante cualquier intento de trasladar a la vida pública los símbolos del islam, a pesar de que el 99% de los otomanos profesan la religión de Mahoma y dos tercios de las mujeres mantienen la histórica costumbre de cubrirse sus cabelleras.

Sin duda, otro toque de atención para Erdogan, sobre cuya formación pende la espada de Damocles desde marzo, cuando el fiscal general presentó una demanda de ilegalización por atentar contra los pilares del Estado laico. Pero el primer ministro y su mano derecha, el presidente, Abdulá Gul, no son hombres de fácil conformar. Y el primer ministro no está dispuesto a caer derrotado y mucho menos a callarse. Ayer lanzó su contraataque al asegurar que el Tribunal Constitucional pretende restringir el poder legislativo del Parlamento y al denunciar que utiliza una autoridad que no le concede la Carta Magna.

¿Quién juzga a los jueces?

En una alocución a su grupo parlamentario en Ankara, el líder turco fue más allá y exigió a los jueces que expliquen las razones que le llevaron a rechazar las enmiendas dictadas del Gobierno. «El Parlamento no permitirá que le hagan sombra. Cuando el poder legislativo comete un error, los tribunales pueden juzgarlo y también la gente puede juzgarlo en las elecciones. Pero, ¿quién juzga al poder judicial cuando comete un error? Ahora hay quien se pregunta por esta cuestión», afirmó.

El discurso de Erdogan era esperado desde el jueves para dilucidar cuál será la 'hoja de ruta' del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en caso de que sea ilegalizado, algo que los analistas consideran probable.

Murat Yetkin, un columnista del diario 'Radikal', anunciaba ayer que el AKP está preparado para fundar otra formación si es suspendida por el Constitucional y, citando al vicepresidente del partido, Reha Denemec, aseguraba que el grupo sustituto podría ser inscrito en dos o tres semanas.

La decisión judicial sobre el partido islamista se espera para dentro de unos meses. Entonces será el momento en el que los magistrados deberán decidir si apuestan por el orden establecido o las demandas populares. Todo parece indicar que la opción primera es la buena para ellos. Es la que quieren el Ejército, las élites económicas y hasta los funcionarios de más alto rango, temerosos de que los políticos musulmanes llegados por la vía del voto amenacen sus privilegios.