Opinion

Moderar las demandas

La huelga convocada por algunas de las organizaciones de transportistas lideradas por Fenadismer a causa fundamentalmente del incremento del precio del carburante provocó ayer numerosas retenciones en las carreteras y amenaza con generar problemas de desabastecimiento en los próximos días. El derecho que asiste a los transportistas a la hora de exteriorizar su descontento y hacer valer sus reivindicaciones puede afectar de manera tan directa al bienestar de los demás ciudadanos que resulta obligado esperar de ellos un desarrollo razonable de la protesta, de manera que ni provoque más problemas para la circulación viaria ni acabe repercutiendo sobre necesidades básicas de la población y de la economía en unos momentos de incertidumbre para el conjunto de la sociedad. El intento fallido de acercamiento entre el Gobierno y las asociaciones de transportistas indica las dificultades que entraña atender las demandas de estas últimas, al tiempo que enfrenta al Ejecutivo al desafío de buscar un cauce de solución que no comprometa el conjunto de su política. En una economía de libre mercado cada incremento de costes repercute tanto en la rentabilidad de las empresas como en el precio o tarifa que acompaña al producto o al servicio. La pretensión de que todo aumento del precio del gasóleo recaiga íntegramente en la tarifa del servicio que se preste sugiere una medida tan injusta para el consumidor final como gravosa para la economía.

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Pero lo que vulneraría los mínimos de la libre competencia sería establecer por Ley, como pretende especialmente Fenadismer, una tarifa mínima común a todos ellos con la intención de que se presten servicios por debajo de su coste. Siguiendo la misma lógica, cualquier sector de la economía podría solicitar un tratamiento análogo, cuyo resultado final sería el práctico colapso del sistema porque, con la supuesta intención de evitar el dumping, la medida acabaría fomentando la ineficiencia.

En cualquier caso, el hecho mismo de que una parte de los transportistas esté planteando tal demanda como inexcusable es revelador de la persistencia de concepciones en el sector que poco tienen que ver con la renovación que requieren no sólo la flota de camiones sino también las estructuras empresariales y sus métodos de gestión. Frente a esto, sería deseable que todas las asociaciones de transportistas se avinieran a plantear su tabla reivindicativa en términos más mesurados y orienten su estrategia negociadora hacia acuerdos duraderos. Pero esto ha de ir acompañado del estricto control sobre los mecanismo empleados en la huelga, evitando que ésta sea impuesta a nadie. Junto a ello, a la Administración corresponde adoptar todas aquellas medidas de seguridad y custodia que garanticen el aprovisionamiento del mercado. Al tiempo que a los consumidores les es exigible que procedan con sensatez y responsabilidad evitando un acopio de alimentos que, por sí mismo, podría contribuir a un repunte oportunista de los precios.