El Constitucional respalda a su presidenta y zanja la polémica por su conversación con una abogada
Los magistrados del Tribunal Constitucional respaldaron ayer de manera casi unánime a su presidenta, María Emilia Casas, y dieron por zanjada la polémica política y jurídica surgida tras la revelación de la conversación tele- fónica que mantuvo hace más de un año con una abogada a la que la Guardia Civil investiga por el asesinato de su marido.
Actualizado: GuardarLos miembros del pleno del Constitucional, reunido durante varias horas en sesión extraordinaria, escucharon el largo relato y las explicaciones que Casas dio sobre estos hechos y emitieron un comunicado institucional «agradeciéndole la transparencia de su comunicación y reiterándole su confianza».
La presidenta, que en todo momento defendió que creía que hablaba con una mujer maltratada y sin imputación penal alguna, contó con el apoyo rotundo y explícito de nueve de los diez magistrados -tanto progresistas como conservadores- y sólo Jorge Rodríguez-Zapata, un jurista muy enfrentado con Casas, prefirió no tomar posición alguna al respecto, para lo que arguyó motivos técnicos y de forma. La reunión, realizada a petición de la presidenta, se produjo tres días después de que el Tribunal Supremo dejase claro, mediante un rotundo auto, que el comportamiento de Casas no es merecedor del más mínimo reproche penal y decidiese no abrir investigación alguna contra ella por un delito de asesoramiento ilegal. «No existe una actividad de asesoramiento, aún ocasional, susceptible de integrar el tipo penal» porque el comportamiento de Casas «se ajusta sin dificultad a los módulos de adecuación social generalmente admitidos», concluyó el auto.
El alto tribunal analizó los hechos después de que una juez de instrucción de Valdemoro (Madrid) le remitiese el mes pasado la transcripción íntegra de la charla telefónica entre ambas mujeres por si consideraba que podía constituir un delito. El comunicado oficial del Constitucional recoge que la mayoría de los magistrados expresó a la presidenta que «ni ella ni el tribunal deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas».