Los terroristas no quieren testigos

«Esto es lo que hay que medir: o se asume el coste que nos pudiera suponer (atacar a los periodistas) o se les deja trabajar tranquilamente sabiendo que su trabajo nos supone costes políticos». La izquierda abertzale radical se hizo esta pregunta en 1995, cuando inició un debate interno sobre los medios de comunicación y la posibilidad de atentar contra ellos de una manera global. La respuesta fue evidente. Sí se podía atentar contra la Prensa. Desde esa fecha, cada vez que se ha encontrado en un momento de incertidumbre en el que temía que aflorasen sus divisiones internas, ETA ha atacado a los medios para intentar evitar que sus discusiones se visualicen en público.

Atentados como el llevado a cabo ayer contra El Correo y los asesinatos del director financiero del 'Diario Vasco' Santiago Oleaga o el del columnista de 'El Mundo' José Luis López de Lacalle han marcado la ruta elegida por la organización terrorista desde que abrió ese debate con un documento de la ilegalizada Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) denominado 'Txinaurriak', fechado hace trece años. El contexto de aquella discusión era muy claro. La banda intentaba recuperarse de una suma de circunstancias nefastas, como la desarticulación en 1992 de su cúpula en Bidart, en la que por primera vez se vislumbró la posibilidad de una derrota policial.

Por otra parte, la militancia de la izquierda abertzale atravesaba por un periodo de confusión después del fracaso de la tregua de Argel en 1989, en la que la vía negociada había dado al traste con las aspiraciones de los sectores más moderados para buscar una salida a la violencia. En las cárceles se registraban aisladas pero contundentes críticas a la banda. Asesinatos como el de Gregorio Ordóñez, además, habían provocado la aparición de voces críticas con la violencia dentro de la izquierda abertzale. Entonces KAS escribió: «Las dudas sobre la dirección política las crea y las impulsa una persona con un micrófono y un medio de comunicación. Solamente con eso produce un trabajo, el esfuerzo para aclarar contradicciones».

Sin embargo, ETA se daba cuenta de que los ataques a los medios de comunicación tenían un alto coste por lo que era necesaria una «pedagogía» que permitiera asumir a sus bases el ataque a la libertad de expresión. Sus acciones, en ese sentido, comenzaron mediante actos de kale borroka y campañas de amenazas. Entre 1995 y 1997, los radicales atacaron con 'cócteles molotov' las sedes de Radio Nacional y TVE y a cargos de esta última emisora y de EiTB.

Con la tregua firmada tras el Pacto de Lizarra cesó la persecución de los medios. Pero fue un parón temporal. Después del fin del alto el fuego en 1999, el acoso se redobló con una violencia sin precedentes. En mayo de 2000, ETA asesinó a José Luis López de Lacalle. En marzo ya habían intentado matar al periodista Carlos Herrera mediante el envío de una caja de puros rellena con dinamita. En noviembre, fracasó su plan para asesinar a los redactores Aurora Intxausti, de 'El País', y Juan Palomo, de 'Antena 3'. ETA colocó una bomba en la puerta del domicilio de la pareja, pero no llegó a estallar.

En mayo de 2001, los terroristas acabaron con la vida del director financiero de 'El Diario Vasco' Santiago Oleaga. Ese mismo mes enviaron un paquete bomba al periodista Gorka Landáburu, que le causó amputaciones en la mano. La banda también había planeado asesinar a Luis del Olmo y a Antonio Burgos, así como volar la sede de El Diario Vasco.

El contexto, de nuevo, era el de una división sin precedentes dentro de ETA. Cuando Batasuna inició en 2000 un proceso de debate interno surgió Aralar como una corriente que rechazaba la violencia. En un año se convertiría en un partido político y sería la primera escisión registrada en la izquierda abertzale desde los años 80. De forma paralela, la todavía legal Batasuna comenzó a experimentar un declive hasta entonces desconocido en las urnas. Y comenzaba a darse cuenta de que los ataques a los medios provocaban, por otra parte, una fuerte protesta internacional, con lo que el afán de la izquierda abertzale por buscar apoyos en terceros países se veía afectado.

En 2002, ETA celebró una asamblea virtual en la que elaboró el denominado 'Zutabe 100', un documento que unificaba su doctrina. Con respecto a los medios, la cúpula terrorista afirmaba que es «un frente sensible, por la protección que en general tienen los periodistas». Eso sí, calificaba a la Prensa como «medios de comunicación para la guerra» y aseguraba que mantendría la presión contra ellos «por impulsar, justificar y alargar la guerra contra Euskal Herria». Aunque la banda no volvió a asesinar a más periodistas, la amenaza de la kale borroka no cesó. En sus 'zutabes', no dejó de señalar a periodistas y, por ejemplo, comenzó a tildar a EiTB de «Arkaute mediático», en referencia a la Academia de la Ertzaintza. En sus publicaciones arremetió contra los presentadores de la televisión pública que calificaban a los etarras encarcelados de «presos de ETA» y no de «prisioneros políticos». Las amenazas se extendieron al País Vascofrancés, donde la banda pidió a los medios que no volvieran a publicar las fotos que difundía la Policía gala de terroristas huidos.

El fin de la última tregua, hace un año, se produjo en una situación especial. La mesa nacional fue encarcelada por orden de la Audiencia Nacional. y, según diversas fuentes, en la banda ya existía una fuerte división interna cuyo alcance por ahora se desconoce. En ese contexto, su primera amenaza a los medios de comunicación se produjo en abril, cuando acusó en un comunicado a EiTB de «ocultar y boicotear a la izquierda abertzale, llegando a desfigurar la realidad de este pueblo». Apenas mes y medio después, ETA se decidió a colocar la bomba con cinco kilos de explosivo que ayer explotó en la rotativa de El Correo.