Después dicen que el gasoil es caro

Ahora, cuando la polémica por la utilización de las luces en las artes pesqueras, puede poner en peligro de nuevo a los cerqueros que faenan en Marruecos, la flota pesquera andaluza parece entrar en un irremediable proceso de liquidación por cambio de negocio. Y después dicen que el pescado es caro, podríamos repetir por enésima vez parafraseando a Sorolla: en los últimos cuatro años, el precio del gasoil ha aumentado en un 160%, mientras que el precio del pescado ha descendido en un 35% desde 2005, fecha de la que datan algunas subvenciones que el Gobierno central adeuda al sector, en aras de cofinanciar los costes del combustible, al menos hasta el tope de 30.000 euros, fijados por la Unión Europea. De ahí que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, diga que el Gobierno español no tiene margen para aflojar la mano y la pasta en este asunto. Bien está que España, Portugal, Italia y Francia, pretendan flexibilizar la postura europea al respecto, para evitar que el sector se vaya definitivamente a pique. Sin embargo, Madrid podría, al menos, afrontar los pagos pendientes y buscar las vueltas para encontrar otras vías que no sólo permitan apaciguar los muelles en pie de huelga sino que faciliten un balón de oxígeno para mantener esta industria que, a escala andaluza y sin contar los bancos de pesca bajo control de las autoridades marroquíes, congrega a unos 2.000 barcos en activo, entre los caladeros del Mediterráneo, que cuenta con el 54% de los barcos, y el Golfo de Cádiz dónde faena el 42%.

Existe una cierta desunión en el sector, porque la subida de precios afecta sobre todo a los arrastreros y no tanto a los que utilizan el cerco, la draga hidráulica o a las artes menores, al menos en el Golfo de Cádiz, y que siguen faenando. El combustible es «un problema estructural que afecta a los que más consumen», según Pedro Maza, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. Armador algecireño, Maza echó los dientes a bordo de los barcos de su familia, regados con su propia sangre. Y ha visto cómo la situación económica ha ido transformándose a peor. Sin embargo, nunca arrió su buen talante negociador, tanto con los pescadores como la administración. Otros emprendedores quizá le reprochen su sensata moderación, pero hasta ahora ha permitido salvar los restos del naufragio de nuestros pesqueros. Mayor contundencia parece asumir Antonio Ares al frente de la llamada Nueva Asociación de Armadores, que decidió el amarre anticipado de la flota de El Puerto de Santa María, hace ya una semana, por la subida del gasoil, cuyo precio quedó entonces fijado en 0,82 euros para las embarcaciones pequeñas, cuando el sector reclama un precio profesional de 0,4 euros por litro. La extraordinaria subida del barril experimentada el pasado viernes agravará a corto plazo esta crisis y, desde luego, no calmará los ánimos de cara a la semana que comienza y en donde volverá a mascarse la tensión en las lonjas. Pero quizá el impacto global de esa nueva subida del crudo lleve a la Unión Europea a aliviar su luto en materia de ayudas.

Hasta ahora, la posición de Europa no ha sido precisamente unitaria --el presidente francés Nicolás Sarkozy ha llegado incluso a anunciar una controvertida rebaja en el IVA--, pero la posición española pretende obviar soluciones nacionales y apostar por una flexibilización global en el marco del Fondo Europeo para la Pesca (FEP). En Andalucía, mientras tanto, los mayores apoyos económicos parecen encaminados a la rendición: así, en los últimos años, se han ido fijando ayudas de hasta un 20% para la paralización de los barcos, en especial los arrastreros del Golfo. Ahora, la consejería que titula el almeriense Martín Soler pretende canalizar la intervención pública hacia la modernización de la flota para incorporar nuevos motores y energías alternativas, al tiempo que se plantea abiertamente la viabilidad de controlar las importaciones procedentes de terceros países.

Pero más allá de los precios del gasoil, que afectan por igual a armadores y a pescadores obligados a detraer de sus ingresos parte de sus gastos, hay una situación que también pone en riesgo al sector y que no compete directamente al Gobierno o a la Unión Europea. Se trata de las condiciones laborales que rigen en esta actividad, sometidas a prácticas anacrónicas que no benefician a los marineros. Precisamente, este asunto motivó que durante el pasado otoño la Comisión Europea destinase 12,4 millones de euros a prestaciones para la introducción de reformas en la normativa que se aplica a los trabajadores del sector pesquero y del transporte marítimo para mejorar sus condiciones laborales y equipararlas a las de otros sectores. Resulta absolutamente legítimo que armadores y pescadores se manifiesten juntos contra el alza del petróleo. Pero, ¿por qué no ha habido manifestaciones durante los últimos años para reivindicar que la democracia entre de una vez en los salarios de las tripulaciones?