Inmigración restringida
Laprobación por parte de los ministros de Interior de la UE de la nueva directiva de retorno de los extranjeros en situación ilegal confirma el giro hacia una política más restrictiva en materia de inmigración al que no es ajeno el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El acuerdo armoniza las legislaciones nacionales sobre la repatriación de los indocumentados, lo que contribuirá a unificar la respuesta en el seno de la Unión a una problemática cuyos efectos son compartidos. Pero resulta difícilmente defendible que los necesarios avances hacia una mayor coordinación se promuevan en detrimento de las garantías legales que amparan a los ciudadanos sin papeles. Porque la supresión de la discrecionalidad con la que venían actuando nueve estados de la UE, con ser positiva, no justifica que se permita ampliar los períodos de detención por encima de los márgenes que aplican ahora la mayoría de los gobiernos europeos, ni tampoco la mayor laxitud en el control judicial de los procesos de expulsión.
Actualizado: GuardarEl aval proporcionado por el Ejecutivo español a la directiva es congruente con sus reiteradas apelaciones para que la UE gestione de manera más armónica los crecientes flujos migratorios. Pero también se ajusta a un cambio de discurso cuyo principal exponente son los objetivos que se ha fijado el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien cree conveniente cifrar la capacidad de acogida de extranjeros que presenta ahora nuestra economía, facilitando el retorno a sus lugares de origen de quienes pierdan su empleo; al tiempo que se ha mostrado dispuesto a explorar el consenso con el PP también en lo referido a la propuesta sobre el polémico contrato de integración, denostado por los socialistas durante la campaña electoral. La modulación de la estrategia gubernamental responde en buena medida a la inquietud por las dificultades que puede entrañar el frenazo económico para una inmigración que España ha asumido de un modo razonablemente ordenado, por lo que es comprensible e incluso deseable que el Ejecutivo trate de anticiparse a eventuales situaciones de conflicto derivadas de la frustración en las expectativas personales. Pero la reorientación hacia una política menos permisiva debería preservar el espíritu de una legislación que se encuentra entre las más garantistas de Europa, evitando identificar los derechos de los inmigrantes como una potencial cortapisa para los del resto de la ciudadanía.
