COAG exige una mesa para abordar la crisis del gasóleo
La organización agraria COAG exige al Gobierno la convocatoria urgente de la mesa de fiscalidad para abordar el «desmesurado» incremento del gasóleo agrícola y demás costes de producción y amenaza con movilizaciones si no se inicia el diálogo.
Actualizado:COAG advierte de que si la Administración no abre en breve un proceso de diálogo con el sector, convocará nuevas movilizaciones, ya que es necesario un paquete de medidas de tipo fiscal para mitigar la espiral alcista de los precios del gasóleo, fertilizantes, piensos o electricidad, entre otros inputs.
El sindicato agrario considera urgente y prioritaria la puesta en marcha de una actualización del IVA compensatorio para las actividades ganaderas al 9% (en la actualidad está en el 7,5%), compromiso adquirido por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino con el sector. También insta a agilizar el diseño de eliminación del Impuesto Especial de Hidrocarburos (0,078 euros por litro) mediante el desarrollo de la tarjeta profesional, tal y como recoge el acuerdo firmado en 2005 por COAG, el Ministerio de Agricultura y el de Economía.
Insiste en que esta actuación es necesaria para que el 1 de enero de 2009 los agricultores y ganaderos puedan disponer de un gasóleo profesional agrario.
Reclama además la aplicación de un tipo reducido de IVA, pasando del 16% actual al 7% y extraer el gasóleo agrícola del ámbito objetivo de aplicación del Impuesto de Minoristas sobre ventas, conocido como Tasa de Hidrocarburos y la revisión de los módulos del sistema de estimación objetiva del IRPF para adecuarlos a la capacidad contributiva real de los profesionales agrarios.
Además pide que se vuelvan a activar las deducciones fiscales en el IRPF, correspondientes a los gastos de gasóleo, fertilizantes o piensos y un tipo cero para el impuesto especial que graba el consumo de electricidad, (en la actualidad es de un 5%) y reducción del IVA.
Añade que la eliminación de las tarifas especiales para riego, prevista para el próximo 1 de julio, supondrá un aumento de un 30% en la factura final para aquellos agricultores que se pasen a la tarifa general.
Ante esta situación, COAG ha solicitado una moratoria de un año y la mediación de los ministerios de Medio Rural e Industria para facilitar un acuerdo equilibrado con las industrias.