El Congreso endurece las condenas para los integrantes de bandas mafiosas

El Congreso de los Diputados aprobó una reforma del Código Penal para endurecer las penas a los miembros de las bandas organizadas y grupos mafiosos. La proposición de ley orgánica, promovida por CiU y apoyada por PP y PSOE, fija que estos individuos, además de sus respectivas condenas, serán castigados con penas supletorias de dos a seis años, según su grado de implicación.

El promotor de la iniciativa, el diputado Jordi Jané, explicó que el objetivo primordial del proyecto es que todos los miembros de estos grupos organizados que sean condenados entren automáticamente en la cárcel, porque siempre serán castigados con más de dos años de prisión, por lo que no cabrá nunca la suspensión de la ejecución de la pena.

Cambios

La modificación hace especial hincapié en sancionar a los delincuentes de bandas mafiosas cuando estos grupos se dediquen a cometer delitos contra la vida y la integridad de las personas, ataques sexuales, grandes robos, asaltos en viviendas y comercios y estafas a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social. En estos tipos de ilícitos siempre se impondrá la mitad superior de la pena (entre tres y seis años más de cárcel). Los «jefes o dirigentes»mafiosos serán castigados con la «pena superior en grado».

El nuevo artículo 385 bis abre las puertas al arrepentimiento de los mafiosos. Su último epígrafe faculta a los tribunales a rebajar las penas si los criminales «abandonan voluntariamente sus actividades delictivas» y "colaboran activamente con las autoridades para impedir nuevos delitos, para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a los que haya pertenecido o con los que hayan colaborado".

El Parlamento urgió ayer al Gobierno a que ponga en marcha cuanto antes un registro específico de violadores y pederastras para evitar que se repitan los episodios de descoordinación judicial que propiciaron que Santiago del Valle, el asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes, estuviera en libertad a pesar de que ya tenía una sentencia firme por abusar de su propia hija.

La proposición no de ley de reforma del Código Penal, impulsada por el PP y matizada por socialistas y CiU, reclama las «modificaciones normativas oportunas» para que en el ya existente Registro Central de Penados y Rebeldes se cree un apartado especial sobre los acusados de delitos sexuales.