Una comisión especial de Urbanismo agilizará el trámite para levantar las VPO

La información urbanística necesaria para sacar adelante el Protocolo Provincial de la Vivienda la han ofrecido algunos ayuntamientos a Diputación por vía telefónica y a través del correo postal. Son los datos que revelan el suelo disponible en los 28 municipios que el pasado 30 de abril suscribieron el acuerdo para levantar 7.688 viviendas protegidas en tres años. Este periódico publicó ayer que el pasado 31 de mayo acabó el plazo para presentar la información sobre el suelo disponible y ninguno de los municipios implicados en el acuerdo había comunicado oficialmente su oferta de terreno.

El responsable del área de Vivienda en Diputación, José Antonio Barroso, de IU, ha salido al paso de la información publicada por LA VOZ con un comunicado en el que señala que el 50% de los ayuntamientos ha remitido en plazo la información por correo y teléfono. Los alcaldes de Villamartín, el Bosque, Benaocaz y Algodonales reconocen que han entregado la información, pero hay dificultades en otros. No obstante, fuentes de la Junta han confirmado que será necesaria una comisión extraordinaria de Urbanismo para acelerar los trámites de aquellos municipios que tienen dificultades para calificar suelo para uso residencial y albergar en ellos VPO.

Barroso, sin embargo, no aclara en su escrito qué ayuntamientos han cumplido con el trámite. El diputado reconoce que la documentación debe ser analizada por los servicios técnicos de Diputación y «a fecha de hoy es imposible hacer ninguna valoración sobre la información recibida».

Hay poblaciones que tienen más difícil presentar su disponibilidad de suelo, ya que deben cambiar algunos aspectos de sus planteamientos urbanísticos. Este es el caso de Tarifa, donde se va a adaptar el PGOU para permitir la creación de estas viviendas en un total de diez solares.

Otro de los municipios que tiene que modificar su plan urbano es Puerto Serrano. En este caso, apunta su alcalde, Pedro Romero (IU), es necesario buscar las posibilidades para adaptar su PGOU a la creación de espacios para estas viviendas, para ello han pedido ayuda a Diputación y aseguran que «a día de hoy no hemos recibido a nadie de la Administración provincial, por lo que no podemos tener preparados los terrenos que nos piden», apunta el alcalde.

Hay otra serie de municipios que están llevando a cabo un estudio de la realidad sobre las necesidades de viviendas protegidas. Este es el caso del municipio de Grazalema, donde su alcaldesa, María José Lara (PSOE), asegura que «para nosotros es muy importante que se creen este tipo de viviendas, pero hasta que no terminemos el estudio no podemos decir dónde y cómo se harán las mismas».

Por último, Villaluenga del Rosario está inmersa en procesos de culminación de la redacción de sus respectivos planes urbanos.

A finales de abril, el nuevo consejero de Vivienda, Juan espadas, impulsó en Cádiz un acuerdo con 28 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para favorecer la construcción de VPO dentro del Pacto Andaluz por la Vivienda. Así, los ayuntamientos entregaban la documentación de suelo disponible antes del 31 de mayo y Diputación informaba a la Junta de la viabilidad de las actuaciones antes del 30 de junio.

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