Las federaciones de vecinos ponen condiciones a la regularización

El proceso para regularizar y dotar de servicios las más de 15.000 viviendas construidas de forma irregular se tambalea.

Justo en el mes en que deberían ir a aprobación plenaria tanto las Ordenanzas de Regularización como el Plan Director de Infraestructuras que regirán el proceso, los propietarios de estos inmuebles han decidido oponerse frontalmente a ambos textos legales y poner condiciones a los mismos.

Entre estas peticiones están «que se homologuen los 4.500 expedientes que en su día se iniciaron tras pagar 85.000 pesetas de la época», y que con las nuevas Ordenanzas podrían no ser aceptados en su totalidad por Urbanismo.

Además, solicitan que «las redes básicas de agua y alcantarillado se ejecuten como planes especiales y con financiación pública, que haya licencias de para segregar y edificar en las diferentes parcelas conforme al PGOU y que la ponencia de valores del Catastro se adapte a la realidad, para aminorar las cargas de la futura cesión urbanística».

Por último, las cinco Federaciones de Asociaciones de Vecinos existentes en la ciudad, Chiclana Norte, Pagumo, Rana Verde, Chiclana Vecinal y Ciudad de Chiclana, piden al Ayuntamiento que «seamos los propios vecinos quienes determinemos el nivel de urbanización, sus plazos y las fases para hacerlas posibles».

Además, y pese a que se mostraron «de acuerdo con la legalización pero no a estos precios», los vecinos del diseminado exigen «la exención total o parcial de los gastos del proceso para quien acredite que no puede pagarlos, sin perjuicio de que se posponga este abono de la cuantía a su mejora económica».

Rafael Oliver, que ejerció de portavoz vecinal de todo el movimiento, no descartó que puedan producirse movilizaciones «si agotamos el diálogo con Urbanismo y no logramos un acuerdo».

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