Piden multas de 160 euros para dos manifestantes contra el 'Catastrazo'
El juicio por desobediencia y desacato contra dos miembros de la Plataforma, visto para sentencia Representantes de los colectivos protagonizaron ayer una protesta a las puertas de los juzgados
Actualizado: GuardarEl juicio contra dos miembros de la Plataforma Anticatastrazo por la denuncia realizada por agentes de la Policía Local tras el acto reivindicativo que este colectivo realizó el pasado 14 de marzo quedó ayer visto para sentencia -que se conocerá este mismo jueves- y en el transcurso de la vista la acusación solicitó para Manuel Padillo y Luis Sojo multas de 160 euros por los delitos de desobediencia, en el primer caso, y de desobediencia y desacato a la autoridad en el segundo.
Para apoyar a los dos denunciados y protestar contra «el acoso y la persecución que se está realizando a esta Plataforma» así como por «la falta de respeto a la libertad de expresión», representantes de los diferentes colectivos que integran este organismo protagonizaron ayer una concentración a las puertas de los juzgados de Tomás García Figueras. Los manifestantes portaron una pancarta en la que se podía leer Basta de acoso político y policial contra la Plataforma Anticatastrazo.
Durante la vista, que se celebró en el juzgado de instrucción número 1, se trataron de esclarecer los hechos ocurridos el día 14 de marzo, cuando miembros de la Plataforma habían instalado una mesa de información y de recogida de firmas en el Gallo Azul y en el lugar se personaron agentes de la Policía Local para informar de la prohibición del uso de megafonía sin la autorización pertinente y para solicitar que varios manifestantes se identificaran.
Según declaró ayer uno de los agentes, los dos miembros de la Plataforma denunciados no sólo no cesaron en el uso del megáfono, sino que recriminaron a los policías que les pidieran la documentación y «tardaron un buen rato en proceder a la identificación». Es más, y a tenor de la declaración del agente, uno de los denunciados, Luis Sojo, les llamó «sinvergüenzas» y les dijo que en se fueran a detener a criminales en lugar de coartar la libertad de expresión de los ciudadanos.
Además, el agente explicó que no contaban con una autorización para usar el megáfono, «sólo tenían la solicitud que habían registrado en el Ayuntamiento y que no les da derecho a ello», así como que siguieron utilizándolo después de que la Policía Local abandonara el lugar.
Sin embargo, los dos denunciados negaron los hechos y en medio de encendidas defensas a la libertad de expresión y sus derechos como ciudadanos insistieron en que la solicitud de autorización ha sido suficiente en anteriores protestas para utilizar la megafonía, al tiempo que recalcaron que no se resistieron a entregar su documentación y que en ningún momento dirigieron «insultos o palabras soeces» contra los representantes de la autoridad. Los procesados, así como un testigo de la defensa, también hicieron hincapié en que la protesta se disolvió casi de forma paralela a la marcha de los policías locales.
Para el Ministerio Fiscal y la acusación, la actuación de Manuel Padillo y Luis Sojo es constitutiva de un delito de desobediencia, y en el caso del segundo denunciado también de desacato por los insultos a los agentes. Por eso, ayer solicitaron el pago de multas durante 40 días a razón de cuatro euros diarios, una cifra que el abogado de la acusación pidió subir hasta los seis euros diarios.
Sin embargo, el letrado de la defensa mostró su absoluta disconformidad con esta petición y solicitó la absolución de los dos miembro de la Plataforma, sobre todo porque «ni siquiera se ha presentado la reglamentación que se infringe con el uso de la megafonía, y difícilmente puede desobedecerse algo que no se ha probado que existe». Del mismo modo, recalcó que «no hay pruebas de cargo suficientes para probar que hubo insultos, algo que ni siquiera constaba en la denuncia».
Los de ayer fueron los dos primeros juicios contra miembros de la Plataforma. Pero las vistas siguen el 18 de este mismo mes, cuando está previsto el proceso contra el portavoz del organismo, Juan Manuel Sánchez, y Francisco López.
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