Con todos nuestros muertos

Muchas de aquellas supuestas desapariciones con resultado de muerte siguen sin estar inscritas en los registros, bien por miedo o por falta de documentación, por lo que todavía resulta difícil cuantificar las víctimas de la represión fascista durante la guerra civil. Sorprende que siete décadas después de todo aquello y a pesar de la recentísima, limitada y tardía Ley de la Memoria Histórica, no exista demasiado interés por identificar las fosas comunes y los restos que contienen. Lo que está ocurriendo en la capital gaditana es un buen ejemplo de dicha desidia: ¿o habrá que pensar que el Partido Popular sigue sin digerir adecuadamente lo que ya tendría que ser un remoto episodio del pasado? El plazo de tres meses otorgado a los familiares de víctimas del franquismo para identificar los restos del cementerio de San José, antes de que este sea derribado, resulta sencillamente ridículo a tales efectos. Los deudos no tienen dinero para pagar las pruebas de ADN y el Ayuntamiento parece que no tiene tiempo para que pueda garantizarse a los familiares que los restos que se entregan pertenecen al finado.

¿A qué tanta bulla si todavía quedan tres años para las municipales? Suficiente intervalo para cortar la cinta del futuro parque urbano con auditorio y pistas deportivas que con buen criterio va a construirse sobre el camposanto. Para ello, será necesario sacar todos los restos y trasladarlos al mancomunado de Chiclana, antes de proceder a su clausura definitiva, a fin de que Sanidad otorgue el nihil obstat correspondiente para ulteriores actuaciones en dicho espacio. En los últimos días, se ha puesto en marcha una Iniciativa Ciudadana por una Exhumación Digna del Cementerio de Cádiz que pretende, simplemente, un mayor plazo para reclamar los restos mortales «cerrando definitivamente una de las páginas más luctuosas de nuestra historia».

Entre las organizaciones que hasta el momento han suscrito esta declaración figuran las siguientes: Asociación Memoria Histórica de Cádiz, Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHYJA), Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica Jerez Recuerda, PSOE, Izquierda Unida, UGT, CNT-AIT, Izquierda Republicana, ATTAC, así como los propios familiares de las víctimas asesinadas e inhumadas en las instalaciones de San José: «Si ordenan la entrada de las excavadoras me tendrán que llevar a mí también por delante porque yo no me pienso mover de allí», aseguró José María Aragón, uno de aquellos niños que no pudo sonreír durante su infancia quizá porque sus mayores, como los de Juan Pérez Silva, estuvieran siempre resfriados para disimular las lágrimas. Ante el anuncio de clausura del cementerio, las tumbas del silencio empiezan a abrirse, pero las exhumaciones que llevan a cabo arqueólogos contratados por la empresa Cemabasa no parecen que sean suficientes para esta demanda colectiva: no sólo interesan las fosas comunes sino los enterramientos semiocultos bajo algunos nichos.

La documentación municipal registra al menos 656 casos: 328 enterramientos de personas ejecutadas en los paredones de Puerta Tierra, la antigua Plaza de Toros, la playa Victoria, Santa Catalina y Duque de Nájera; otros 50 enterrados en nichos en su mayoría ya desalojados y 135 repartidos en tres fosas tan comunes como las sepulturas de otros 143 fusilados. Hay dificultades más o menos técnicas para identificar algunos restos: a los movimientos de tierra que podrían haber afectado a las fosas comunes podrían sumarse otras, como que en otros enterramientos múltiples, algunos cuerpos podrían entremezclarse con otros cuyos familiares no hayan reclamado la exhumación: sólo en una fosa común reposan los restos de 182.882 no sólo correspondientes a dichas ejecuciones sino que albergan a todos los que quedaron sin nicho en la historia del cementerio gaditano, incluyendo víctimas de epidemias o de la explosión del 47. El equipo de arqueólogos de la asociación Foro por la Memoria considera, sin embargo, factible la identificación individualizada de muchos de los esqueletos a los que se quiere echar tierra administrativa. No se trata, sin embargo, sólo de prisas electorales. También es una cuestión de pasta: algunas exhumaciones se han tasado a razón de 400 euros, aunque la Ley de la Memoria Histórica exige su gratuidad. Si sus verdugos nunca pagaron en años de cárcel por esos crímenes, los hijos, nietos y bisnietos de sus víctimas tampoco tienen por qué hacerlo en euros.