«No hay accidente sin esguince cervical»

Fernando Estrella defiende los intereses de la compañía Mapfre en numerosos procedimientos civiles en los que se ponen encima de la mesa reclamaciones económicas en concepto de indemnizaciones o cobertura de unos daños que en no raras ocasiones «están inflados» o simplemente «son inexistentes». Éste incluso considera que tratar de defraudar a las aseguradoras es una práctica muy extendida, sobre todo entre la población joven. De ahí que dé un primer titular cuando se le pregunta por los centenares de casos detectados y reflejados en el informe El Fraude al Seguro Español: «Ya no hay accidente de tráfico sin esguince cervical. Aunque sea un siniestro sin apenas consecuencias, un leve toque, es muy habitual que se emita un parte y que la persona asegurada aparezca a los pocos días con un collarín puesto». La imagen casi cómica del usuario que se coloca esta protección «a la entrada de la oficina de la aseguradora, y se lo quita nada más salir» se convierte en el pan de cada día en muchas casas de seguros, que además no disponen de medios que detecten que esa dolencia es falsa. «Simplemente con que vayas al médico y digas que tienes mareos y te duele el cuello, ya te lo diagnostican y no existen pruebas que puedan tumbar ese dictamen o que, al menos, lo contradigan», explica.

Este tipo de incidencias, de escasa envergadura, puede dejar un roto en las compañías de hasta 6.000 euros, si se suman costes añadidos por tratamientos específicos para la rehabilitación como los masajes. Y al igual que se subrayara desde el ICEA, «al final quienes pagan por este tipo de fraudes son el resto de usuarios, que ven cómo sus primas se encarecen porque las empresas tienen que hacer frente a los numerosos casos que a diario se reclaman». Es más, estas contingencias generan más gastos «que la cobertura de una persona minusválida», que tiene una menor relevancia en las estadísticas anuales de cada compañía.

Las tretas más habituales que ha visto este profesional van desde el adulto que asume el papel de conductor en un accidente provocado por su vehículo, «cuando en realidad quien conducía era su hijo, que no está asegurado»; a cambiar la posición que ocupaba en el coche tras producirse el siniestro. «Cuando el seguro suscrito es el de responsabilidad básica, en muchas ocasiones la persona que iba al volante alega que viajaba de ocupante para que la compañía se haga cargo de su tratamiento médico y rehabilitación, en aquellos casos en los que la peor parte se la ha llevado el conductor».

Una familia investigada

Pero sin duda, uno de los casos más sorprendentes que desveló este abogado se encuentra en estos momentos en fase de instrucción en los juzgados de la localidad de Chiclana. Gracias al cruce de información entre compañías aseguradoras, éstas se percataron de que había una familia a la que constantemente le sucedían accidentes, en los que siempre resultaban afectados varios miembros. Llegaron incluso a suscribir una póliza específica para coberturas en caso de siniestros de tráfico. Las sospechas comenzaron a crecer cuando se dieron cuenta de que alguno de los asegurados sufría percances cuando en realidad debían de estar cumpliendo un periodo de reposo fijado en el tratamiento por un anterior siniestro. Al parecer, sólo cuando las entidades empezaron a intercambiar datos al verse implicadas en un mismo hecho, se dieron cuenta de que detrás de esta historia de mala suerte podía haber un fraude mayúsculo. A día de hoy, ya han llegado a los juzgados chiclaneros más de una decena de denuncias, aunque Estrella vaticina que la cifra puede ir a mayores, ya que el juez instructor ha ordenado ir acumulando todos los casos para unificar la investigación. Este supuesto fraude tuvo cierta vigencia en el tiempo porque los presuntos estafadores habían suscrito pólizas con distintas compañías, en la creencia de que si reclamaban a entidades distintas sería más difícil seguirles el rastro.

«Pero éste es sólo un caso llamativo. A menor escala son muchos los usuarios que llevan años pagando una póliza y cuando ven la oportunidad, deciden sacarle dinero a la aseguradora». Este tipo de prácticas constituyen delitos como la estafa o la falsedad documental, que están castigadas con penas de cárcel según el actual Código Penal. Pero estos estafadores juegan con una baza a su favor, como reconoce este letrado gaditano, que las compañías que plantean un pleito «sólo buscan no pagar y no que metan en la cárcel a la persona que ha tratado de engañarles». Por eso, también es habitual toparse con usuarios reincidentes, «que si ven que no cuela una vez, y que no les ha pasado nada, lo vuelven a intentar otra vez hasta que obtienen el beneficio».