Las concesiones del Gobierno argentino no bastan para poner fin a la huelga agrícola

El Gobierno argentino retomó ayer la iniciativa política en la crisis que le enfrenta a los productores agropecuarios y anunció, unilateralmente, una corrección del esquema de impuestos a las exportaciones de granos que, sin embargo, no ha satisfecho a las organizaciones del campo, decididas a seguir con la protesta. «Hemos hecho algunas modificaciones con el propósito de preservar el funcionamiento de los mercados a futuro», dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

El conflicto estalló en marzo, cuando el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner anunció un régimen de retenciones (impuestos) móviles a las exportaciones de grano que fue rechazado por los productores y desató una crisis que costó el cargo al entonces ministro de Economía, Martín Lousteau. Los agricultores exigen la derogación de un esquema tributario que consideran «confiscatorio» y reclaman una política integral para el sector, incluyendo la producción de leche y de carne vacuna.

El anuncio oficial se ha producido en medio de un parón en las negociaciones, suspendidas el pasado lunes unilateralmente por el Gobierno en respuesta a las críticas de las organizaciones agrarias, que el miércoles iniciaron la tercera fase de huelga comercial en este conflicto. La nueva medida rebaja las retenciones por exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz a una tasa límite del 52,7%, frente a una máxima del 95% prevista en el esquema decretado el 11 de marzo.

El tope de las retenciones se aplicará cuando los granos alcancen precios muy superiores a los actuales y lleguen a los 900 dólares -580 euros- por tonelada para el girasol, los 750 dólares -480 euros- por tonelada para la soja y los 400 -258 euros- para el maíz y 600 -387 euros- para el trigo.

«Argentina tiene una formidable oportunidad ante un mundo que demanda alimentos, pero no queremos que esto termine tergiversando el correcto funcionamiento del campo y que éste termine produciendo sólo un cultivo que los argentinos no consu- men (la soja)», insistió Alberto Fernández, que tachó de «altaneros» a los líderes rurales y denunció su «formidable incapacidad para negociar con inteligencia».

Además, el Gobierno anunció que facilitará el acceso de pequeños y medianos agricultores inscritos ante Hacienda como trabajadores independientes -bajo el régimen de 'monotributo'- a compensaciones que en la práctica mantienen su régimen impositivo en la misma situación que antes del conflicto.

La medida no ha satisfecho a las organizaciones agrarias, que han criticado el anuncio unilateral y han advertido de que no resuelve las causas del problema. Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural, expresó su malestar por no haber sido consultados y aseguró que no era verdad que se hubieran «negado a discutir el tema». «Habrá que estudiar las medidas técnicamente. Aparentemente son más de lo mismo. Las alícuotas (para los precios actuales) no cambian», dijo.