Zarrías cree que el TSJA ha confundido su papel y va más allá de su cometido

El Gobierno andaluz aún no sale de su asombro por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoce a unos padres de Sevilla el derecho a tener una plaza escolar en el colegio concertado que deseen, pese al riesgo de masificación de dicho centro. Si la consejera de Educación, Teresa Jiménez, mostró el jueves su desacuerdo con la sentencia de la sección tercera de lo contencioso del TSJA -la misma que sentenció en contra de la asignatura Educación para la Ciudadanía- ayer fue el propio vicepresidente primero, Gaspar Zarrías, quien exteriorizó el malestar que hay en el Ejecutivo de Chaves por unas resoluciones que los gobernantes andaluces consideran una injerencia en su ámbito de poder.

El también consejero de Presidencia considera que la sección tercera de lo Contencioso del TSJA ha confundido «su papel» y va más allá de lo que le corresponde. En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Zarrías dijo estar «sorprendido con la sentencia, que «a cualquier jurista le ha dejado perplejo y no deja de ser muy significativa, pues esa resolución rompe con todo lo que está establecido en la Ley Orgánica de la Educación (LOE), aprobada en las Cortes y que es la norma básica en materia educativa en España, y también rompe con los criterios y con el principio de la ratio que establece la Ley de Educación de Andalucía, que aprobó el Parlamento andaluz».

Con dicha sentencia, según Zarrías , «se incide negativamente en lo que debe ser la calidad en la Educación», ya que «al elevar la ratio, al elevar el número de alumnos por profesor, lógicamente desciende esa calidad», de modo que, en este caso, el TSJA «ha confundido su papel con el del poder legislativo, que dictó unas leyes claras en este sentido, y con el papel del poder ejecutivo, que es el que establece la política educativa a la hora de ejecutar las leyes». Frente a ello, el «poder judicial puede decir si está bien o mal una cosa, pero evidentemente hay decisiones que van más allá de lo que tiene que ser una resolución de un tribunal, o de una sala, sea de lo contencioso o de cualquier otra jurisdicción».

Hecho aislado

En cualquier caso Zarrías, lo mismo que hizo la titular de Educación, Teresa Jiménez, ha minimizado las repercusiones de la sentencia. A su juicio, se trata de «un hecho aislado» que no afecta al resto de actuaciones que se están llevando a cabo, aunque no podrá ser recurrida, porque se trata de «una apelación a una resolución favorable a la Junta de Andalucía de un tribunal inferior».

El revuelo por la sentencia ha sido tal que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Augusto Méndez de Lugo, tuvo ayer que responder ante la posibilidad de que la citada sentencia contradijera otra del mismo TSJA sobre la misma materia, como publicó ayer un periódico.

Méndez de Lugo aseguró que «ignora» si existe dicha resolución y no se quiso pronunciar sobre ambas. Si bien el presidente del TSJA reconoció que hay medios para «corregir las disfunciones» si las hay y «las partes están en su derecho de presentar los recursos que quepan», según apuntó tras aclarar que «nunca opina» sobre resoluciones judiciales.