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CONTROVERSIA. Instalaciones de la perrera puertorrealeña en la carretera de Medina Sidonia. / T.B.
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Indignación entre los ecologistas por la reapertura de la perrera El Refugio

La Audiencia Provincial ha levantado las medidas cautelares que se impusieron sobre las instalaciones de Puerto Real por un supuesto maltrato a los animales

TITO BARRENA
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La presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cádiz Refugio Kimba, Nieves Orellana, y el concejal del Ayuntamiento de Puerto Real Antonio Hernández Leyton, de Los Verdes, han mostrado su profunda indignación porque la perrera El Refugio, situada en el mismo término municipal, haya vuelto a abrir sus puertas.

«Nos parece una medida desorbitada y casi inmoral que la Audiencia Provincial de Cádiz haya levantado las medidas cautelares, que en su día dictó la titular del Juzgado número dos de Puerto Real. Creemos que el hecho es impresentable, y lucharemos para que ningún ayuntamiento vuelva a contratar los servicios de El Refugio, al menos hasta que se celebre el juicio», manifestó Orellana. La presidenta de la asociación protectora de animales opina que los supuestos delitos cometidos por los responsables de esta perrera estaban probados, e insiste en que aunque el juicio, al día de hoy, todavía no se haya celebrado (por lo que no puede haber culpables), hay ocho imputados por los sucesos.

«El supuesto problema tan enorme que tenían los siete ayuntamientos de la Bahía que habían contratado los servicios con la perrera puertorrealeña, y no iban a poder tener la alterativa de otros centros de recogida de animales, se ha demostrado, tal y como llevamos denunciando de hace mucho años, que era falso. Muchas perreras de la provincia han estado pidiendo los permisos año tras año para realizar el servicio, pero siempre han recibido la negativa de los distintos ayuntamientos. Cada vez que decíamos que los servicios de El Refugio, sus instalaciones y el trato que recibían los animales, no eran adecuados, siempre recibíamos la misma respuesta por parte de los responsables municipales, que alegaban la supuesta inexistencia de otras perreras», explicó Nieves Orellana.

Cuando la perrera de Puerto Real fue cerrada cautelarmente, los ayuntamientos tuvieron que suplir rápidamente esta carencia, ya que la ley les obliga a tener contratado un servicio de recogida de animales. De hecho, El Puerto, Puerto Real y Cádiz contrataron los servicios de la perrera Rota-guau, Chicana lo hizo con Gesser, ubicada en Jerez.

La presidenta de la sociedad protectora de animales gaditana comentó que no comprenden cómo el levantamiento del auto de las medidas cautelares ha rehabilitado en su puesto a todos los imputados, incluido el veterinario. Según las acusaciones realizadas en su día, las actividades que se estaban desarrollando dentro de la perrera, «no se correspondían con la denominación de El Refugio», ya que según las denuncias, «los gatos y perros recogidos por centenares de los municipios de la Bahía, eran sacrificados de forma rutinaria».

Según las denuncias, para matar a los animales se empleaba un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente, lo que ocasionaba a los animales una muerte lenta y agónica.