Enredo ilegal
El proyecto de la Ley de Consulta no sólo constituye una iniciativa abocada a estrellarse contra el Tribunal Constitucional, dada la manifiesta ilegalidad del propósito; representa además la obstinada voluntad de quien lo promueve por poner a prueba al Estado de Derecho y enredar a la sociedad vasca mediante un argumento circular que empieza y termina en la supuesta existencia de un derecho primigenio de ésta a decidir su futuro, desentendiéndose de su pluralidad, y de que forma parte de un todo del que no puede desprenderse unilateralmente. La ilegalidad del proyecto estriba en que las instituciones autonómicas vascas no cuentan con potestad alguna para convocar consultas populares, si no es de la mano de las instituciones habilitadas para ello, el Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Rey. Pero dicho problema se hace aún más palpable dada la naturaleza de la consulta en cuestión, que versa sobre aspectos nucleares de la convivencia, y afecta al anclaje constitucional y estatutario de la libertad y del autogobierno de los vascos.
Actualizado: GuardarEs absolutamente reprobable que el Gobierno vasco pretenda someter a la consideración ciudadana la posibilidad de «apoyar un proceso de final dialogado de la violencia» precisamente cuando ETA, lejos de "manifestar su voluntad inequívoca de poner fin a la misma", continúa empleando el terror asesino. Y es de una inusitada cobardía moral que el Gobierno vasco haya decidido obviar en la citada pregunta toda condena del terrorismo o, siquiera, toda expresión de exigencia a ETA para que abandone definitivamente la violencia. No es este el momento de invitar a la ciudadanía a hacerse cábalas en torno a futuribles que en la formulación del Gobierno vasco dependerían siempre de la voluntad de los etarras. Por otra parte, sólo el propósito de confundir a la ciudadanía puede llevar a preguntar a la misma acerca de "un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco". La sociedad vasca lleva ya treinta años decidiendo en libertad tal como se hace en cualquier democracia: siguiendo procedimientos tasados cuya posible modificación también está tasada. Pero la gran trampa que encierra la pregunta -y que entrañaría la celebración de la consulta- es que hace tabla rasa de la existencia de una democracia constitucional, niega implícitamente que exista en Euskadi un sistema democrático, y pretende levantar el andamiaje soberanista partiendo precisamente de la consulta programada para el próximo 25 de octubre. Una vez más el lehendakari Ibarretxe y su gobierno se han deslizado hacia el terreno que más conviene a ETA y a la izquierda abertzale, vinculando el logro de la paz a la apertura de un proceso soberanista sin fin y trasladando al Parlamento vasco un proyecto que sólo saldrá adelante si lo apoya el PCTV y que, por eso mismo, ha sido redactado para que el PCTV pueda apoyarlo sin reservas.
