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La caída en marzo de las compraventas de vivienda en la provincia en un 34,5% con respecto al mismo mes del año anterior y la reducción en un porcentaje similar de las hipotecas contratadas por las familias han reavivado las apelaciones al Gobierno desde distintos sectores para que adopte medidas para tratar de frenar el acelerado desplome que está sufriendo el negocio inmobiliario. El Ejecutivo no puede permanecer ajeno a la crisis en que se encuentra inmerso un sector del que depende una parte sustancial del mercado laboral y de la solvencia del empresariado, especialmente cuando la imprevista conjunción de un modelo sobredimensionado con una desaceleración económica a escala mundial ha impedido realizar un reajuste de forma pausada y ordenada. Pero la intervención de los distintos poderes públicos debe ir encaminada, en todo caso, a paliar los efectos más negativos que está generando el frenazo en la construcción, no a reavivarla con prácticas que han contribuido a su brusco agotamiento.
Actualizado: GuardarAsí, parece razonable que el Gobierno promueva estrategias para intentar recolocar a los nuevos desempleados procedentes del sector, reoriente la actividad en lo posible hacia la obra pública, fomente la rehabilitación de edificios antiguos o de los barrios más deteriorados de las ciudades y anime la cooperación con los ayuntamientos y las autonomías, a fin de ajustar el mapa del suelo disponible a una política eficaz de vivienda protegida. La aplicación de estas medidas debe enviar un mensaje inequívoco sobre los márgenes en los que va a moverse la acción del Ejecutivo, porque el imprescindible cambio de modelo es incompatible con iniciativas que sostengan al sector al margen de sus capacidades para responder a la demanda real. Pero esto también obliga a las diferentes administraciones a acortar los notables desequilibrios que aún existen entre las promociones oficiales destinadas a la propiedad y las de alquiler.
