La Fiscalía pide cinco años de cárcel para tres oficiales por falsear las identidades de las víctimas del Yak-42

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá entre 4 años y medio y 5 años de cárcel para los tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares que fallecieron en el accidente del Yak - 42 en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

En el escrito de acusación presentado ante el juez Fernando Grande-Marlaska, el teniente fiscal Fernando Burgos solicita 5 años de cárcel para el general de Sanidad Vicente Navarro y 4 años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.

Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita también una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 60.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000 euros y 4 años para Ramírez y Sáez.

Burgos también reclama indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado en concepto de responsable civil subsidiario.

Acusados de "rellenar aleatoriamente" los datos

En su escrito de acusación, el fiscal hace una relación detallada de esos 30 cuerpos y acusa a Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y "rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar. A Ramírez y a Sáez les responsabiliza de hacer un informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria.

Grande-Marlaska, que había archivado la parte relativa a la identificación de los cadáveres el pasado 22 de noviembre, la reabrió hace exactamente un mes después de que la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se lo ordenara.

El juez la había archivado al determinar que si bien la identificación no se hizo correctamente ello no supuso "alteración de la verdad en los elementos esenciales", es decir "el fallecimiento y causa de la muerte"; sin embargo, la Sala calificó de "razonables" las dudas que tanto la Fiscalía como las familias han expuesto sobre los posibles errores.

Continúa la investigación sobre la contratación del avión

No obstante, Grande-Marlaska excluyó de la acusación del delito continuado de falsedad documental al general José Antonio Beltrán, coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres, que fue enviado expresamente por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y al que la Fiscalía no le imputó ningún delito.

La Sala de lo Penal también consideró que Beltrán se limitó a firmar el acta de entrega de los cadáveres y coordinó el trabajo realizado por el equipo médico formado por los tres militares acusados, que fue el que hizo las identificaciones.

Grande-Marlaska investiga además la parte relativa a la contratación del avión, una causa que reabrió también por orden de la Sala de lo Penal, que le obligó a volver a investigar las supuestas irregularidades relativas a la contratación del avión el pasado 22 de enero. En estas diligencias, la Fiscalía ha pedido la imputación de cinco altos mandos militares por un delito de homicidio por imprudencia grave, que declararán ante el juez los próximos 23 y 24 de junio.