Trasvase en revisión

a nueva controversia abierta en torno a la conducción de agua excedente del Delta del Ebro a Barcelona refleja con elocuencia hasta qué punto se ha enconado la pugna entre comunidades autónomas, incluso del mismo color político, para tratar de garantizar el abastecimiento de sus respectivas poblaciones y combatir los riesgos por la falta de lluvia. Mientras el Gobierno de Aragón confirmaba que recurrirá ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa tanto el decreto-ley que permitió el inicio de las obras del minitrasvase como otro de la Generalitat que determinaba el nivel de sequía de Cataluña, el Gobierno central anunciaba que revisará la conveniencia de proseguir con la canalización cuando las lluvias de las últimas semanas han duplicado, hasta llegar al 44%, la capacidad de los embalses del Ter-Llobregat que proveen a la Ciudad Condal. Las diferencias de criterio sobre esa decisión suscitadas en el seno del tripartito catalán han terminado de enredar una polémica que tiene todos los visos de poder reproducirse si no se alcanza un pacto razonable entre el Estado y las autonomías concernidas que aúne el derecho a disponer de los recursos propios para asegurar el autoabastecimiento con la solidaridad interterritorial ante un problema tan sensible como la escasez de agua. La posibilidad de que las recientes lluvias permitan garantizar el consumo en Barcelona al menos para los próximos nueve meses eliminaría la situación de emergencia a la que se condicionaba el trasvase en el decreto-ley pactado, que concedía un carácter de provisionalidad a la iniciativa. Esos requisitos previos habrían quedado superados, por tanto, al disponerse de un volumen de agua embalsada suficiente para paliar eventuales carencias durante los meses de verano. Pero si finalmente se opta por derogar la medida, tanto el Gobierno como la Generalitat deberían evaluar el riesgo que entrañaría renunciar ahora a una canalización que podría ser necesaria en el futuro y calibrar si las posibles alternativas permitirán afrontar nuevos episodios de sequía aguda. Habría sido deseable, en cualquier caso, que el Ejecutivo aragonés no hubiera abierto un nuevo frente judicial en la batalla por el agua, no sólo porque la eventual revocación del decreto habrá convertido su recurso en un gesto precipitado, sino porque ha sembrado dudas sobre el criterio con que una comunidad como Cataluña ha fijado el umbral de sequía.