Roca declara junto al ex teniente alcalde de Marbella por un delito fiscal
El ex teniente de alcalde de Marbella y mano derecha de Jesús Gil, Pedro Román, declaró ayer en calidad de imputado por un presunto delito fiscal en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella junto a Juan Antonio Roca, el abogado Juan Germán Hoffmann y el ex comisario Florencio San Agapito. Se trata de una pieza separada del caso Malaya que el juez Óscar Pérez decidió hace un mes instruir por separado basándose en un informe de la Agencia Tributaria que apunta a que Román habría podido defraudar casi seis millones de euros a la Hacienda Pública al no declarar el incremento de patrimonio que tanto él como el resto de los imputados habrían conseguido a través de varias operaciones comerciales entre 2001 y 2005.
Actualizado:Dicho informe estudia el patrimonio familiar de Pedro Román, en libertad provisional por el caso Malaya, y su participación como administrador en sociedades mercantiles radicadas en España y en el extranjero que funcionaban «como caja única». El documento se remonta a 2001 cuando Román supuestamente dejó de ingresar 1,6 millones de euros en concepto de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) en relación a la sociedad creada en Suiza Lispag A.G., en la que estaban presentes todos los imputados. Un año más tarde, la empresa vendió el 90% de las participaciones que tenían en Yambali 2000 lo que supuso un beneficio para Román de más de cuatro millones por los que tampoco pagó IRPF. Según el informe, Román dejó de ingresar dos millones de euros a Hacienda por esta operación; Roca unos 465.000; Hoffmann 233.000 y San Agapito, más de 190.000
Además, entre 2003 y 2005 el ex primer teniente de alcalde podría haber llevado a cabo varias liquidaciones tributarias por valor de 2,4 millones referentes a otras sociedades: Mola 15, Fink 2010, Marbella Airways y Nuevos Aires 2002.
Las defensas de varios de los imputados confirmaron ayer que todos ellos negaron su implicación en un delito fiscal y anunciaron que presentarán informes periciales que demostrarán que no se ha producido «ningún tipo de defraudación» a la Hacienda pública por el pago de impuestos. El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, defendió la legalidad de la actuación de su cliente al asegurar que lo único que hizo en estas operaciones el ex asesor urbanístico fue «invertir dinero en un negocio lícito». Roca es el único de los cuatro que actualmente se encuentra en prisión provisional.