La Justicia gala no halla pruebas para imputar a Thierry como jefe de ETA

La Justicia gala no dispone de pruebas, ni siquiera indicios, para inculpar a Javier López Peña, Thierry como jefe de asociación de malhechores, cargo agravado que fue imputado en 2004 a su supuesto predecesor al frente de la estructura política de ETA Mikel Albisu Antza. Su teórico papel como interlocutor con el Gobierno durante el frustrado proceso de paz carece de validez jurídica en Francia pues las autoridades españolas negaron el pasado verano a la jueza de París Laurence Le Vert que hubieran existido negociaciones. A falta de acceder al contenido del material informático intervenido a los cuatro detenidos en Burdeos la pasada semana, que está bajo precinto judicial, ya se sabe que la célula desmantelada se ocupaba del impuesto revolucionario.

Al igual que Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberria, detenidos en su compañía hace una semana, Javier López Peña permanece encarcelado desde la madrugada del domingo en régimen de prisión preventiva en el penal de Fleury-Mérogis (periferia de París). Pero la persona con «más peso político y militar» en ETA, en palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha sido imputado de «dirección u organización de asociación de malhechores» con fines terroristas, inculpación creada en 2004 y reservada a los jerarcas de la banda.

Este delito, penado con hasta veinte años de cárcel, el doble que el supuesto convencional, no fue contemplado ni por la Fiscalía de París en su pliego de cargos ni por los dos jueces co-designados para la instrucción sumarial en sus autos de imputación. Los magistrados Yves Jannier, jefe de los juzgados centrales antiterroristas, y Laurence Le Vert, instructora desde hace 18 años de causas contra ETA, no encontraron ningún elemento indicativo de las altas responsabilidades atribuidas a Thierry en el material intervenido en Burdeos, en los informes policiales incorporados a la causa ni en los procedimientos ya actuados en Francia, donde ha sido condenado dos veces en rebeldía.

Cuatro imputados

En la actualidad cuatro presos de ETA en Francia se encuentran imputados por «dirección u organización» de malhechores. Se trata de Antza y Soledad Iparragire Anboto, presuntos jefes de las estructuras política y financiera, respectivamente, cuando fueron detenidos en octubre de 2004; de Peio Eskisabel Xerpa, que supuestamente asumió la co-dirección del militar tras ser responsable del internacional; e Ignacio López de Bergara Ibes, acusado de encabezar el de la reserva. A este último, probablemente, le será retirado el cargo ya que fue detenido sólo seis semanas después de que el delito entrara en vigor el 27 de marzo de 2004. De hecho, no le fue reprochado a Iñaki Esparza Ana, arrestado el 2 de abril de aquel año cuando hay constancia de que era el jefe de la estructura logística.

La dimensión dirigente de López Peña se deduce de su supuesta participación como interlocutor de ETA, en sustitución de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en las dos últimas citas de las conversaciones mantenidas con emisarios del Gobierno. Según la versión oficiosa comúnmente aceptada y no desmentida, la primera vez que se sentó a la mesa de negociaciones fue a mediados de diciembre de 2006, quince días antes del atentado de la T-4 en Barajas, y la segunda ocurrió a mitad de mayo de 2007, dos semanas antes de la ruptura oficial del alto el fuego.

Entre ambas fechas, el 27 de marzo de 2007, se produjo en Périgueux (suroeste de Francia) el arresto de Jon Iurrebaso, quien en declaraciones sumariales confesó ser miembro del subgrupo de negociación Hanes e integrante de la delegación de ETA en el diálogo con el Gobierno. La jueza Le Vert cursó en abril del año pasado una comisión rogatoria internacional a la Audiencia Nacional para interesar la indagación de la veracidad de esas manifestaciones.

Además de cuestiones técnicas sobre tráficos telefónicos y matrículas de vehículos, la magistrada francesa preguntaba acerca de la mesa de negociación descrita por Iurrebaso, la eventual participación de este en ella, las garantías de inmunidad de las que se prevalía y su hipotética vigencia tras el atentado de Barajas. En un informe transmitido en julio último por el juez Juan del Olmo, el Ministerio del Interior le respondió que no hubo negociación con ETA, según ha sabido este periódico en fuentes antiterroristas francesas. Por consiguiente, López Peña no puede ser ahora considerado a efectos judiciales en Francia jefe de ETA por haber intervenido en unas negociaciones cuya existencia el propio Gobierno español ha negado en documento oficial enviado a la Justicia gala.

A la espera de pruebas

De todas formas no se puede descartar una futura imputación de Javier López Peña por «dirección u organización» si la instrucción sumarial reúne los suficientes indicios racionales para sostener el cargo. Dependerá de la explotación del abundante material informático confiscado en Burdeos, que va a ser puesto en manos de peritos judiciales con la esperanza de acceder al contenido de los discos duros de ordenador, memorias externas y lápices electrónicos intervenidos. La documentación en papel descubierta permite colegir que entre las funciones de la oficina desmantelada figuraba la gestión parcial del impuesto revolucionario. La extorsión de fondos es una de las atribuciones tradicionales de la estructura política de ETA.